Argentina: Las tribulaciones del Gobierno por los tarifazos
Por Gastón Fiorda
Buenos Aires, ago (PL) – Recalculando los acontecimientos, la Corte Suprema de Justicia argentina rechazó el irracional aumento, como lo califica la oposición, al gas que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, y obligó a convocar a audiencias públicas.
En una semana signada por el debate en torno a la delicada situación energética nacional, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, debutó en la Cámara de Diputados con una pobre defensa, respecto al brutal ajuste que llevó a cabo su cartera en los principales servicios públicos.
De hecho, Aranguren no pudo explicar por qué el Gobierno Nacional decidió aumentar en más de mil 500 por ciento las tarifas de luz y gas, pero frente al reclamo de los usuarios residenciales, sectores industriales y las pequeñas y medianas empresas, se retrajo el ajuste a ‘sólo’ el 400 por ciento.
Ese fue un acuerdo con gobernadores que duró lo que tardó la Justicia en pronunciarse.
El titular de Energía tampoco pudo explicar cómo es posible que ocupe ‘ese’ cargo en el Poder Ejecutivo y al mismo tiempo ser accionista y hombre fuerte de la empresa petrolera Shell, sin que esa simultaneidad de tareas resulte incompatible y atente contra la ética pública.
El 12 de septiembre es la fecha programada para la Audiencia Pública. Tal fue el pedido del Máximo Tribunal y el requisito esencial que establece la Ley de Defensa del Consumidor y, por encima de ella, el artículo 42 de la Constitución Nacional. Sectores sindicales y de defensa del consumidor ya preparan marchas y movilizaciones.
En esa jornada se discutirán los aumentos de tarifas -luz y gas- los procesos de inversión empresarial, las licitaciones de importación y exportación de energía, los costos desde el punto de origen al consumidor final, la secularización tarifaria por regiones y perfiles de usuarios.
Pero también se pondrá sobre la mesa un tema que incomoda a Aranguren y a buena parte del Gobierno: los beneficios extras por casi tres mil millones de dólares que hubiesen recibido las compañías petroleras, incluida la propia Shell, de haberse mantenido el cuadro tarifario que impulsaba el Ejecutivo Nacional.
Se trata de la Resolución 28 del Ministerio de Energía que duplicaba el precio de BTU -unidad calórica de medición- por la obtención de gas en boca de pozo. La opereta significaba un incremento de ciento por ciento a favor de los productores que pasaban a cobrar cinco dólares en promedio por millón de BTU en lugar de los actuales 2,60.
La controversia y las demandas sobre el tarifazo no quedaron ahí, pues el dictamen del tribunal supremo solo suspendió su aplicación en el gas para el sector residencial, y dejó fuera a pequeñas y medianas empresas, así como a centros de ancianos, cooperativas, clubes deportivos de barrio y proyectos culturales.
Inmediatamente, sus respectivos representantes saltaron a la palestra pública para exigir igual tratamiento. Además, al igual que sucedió con el gas, ahora se analiza también la emisión de un fallo que anule el alza en la electricidad.
Todo este combo le estalló en las manos a un Gobierno que confiaba en una resolución favorable de la Corte y que ante semejante negativa mostró como reacción un tímido apego al fallo y la estrategia de impulsar públicamente la imagen de Macri “timbreando” domicilios por el conurbano de la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, esta semana se producirá otro hecho político significativo. Después de muchos años, y peleas intestinas, se unificará el movimiento obrero organizado.
La Confederación General del Trabajo (CGT), dividida hoy en tres fracciones, mostrará un triunvirato como conducción y una agenda generosa en reclamos y medidas de protestas; incluso, se especula con la convocatoria a un paro nacional.
Quizá el Gobierno muestre la unidad de los trabajadores como un logro. Tal vez agregue al achicamiento de la grieta la unidad de la oposición legislativa que esta última semana atacó a coro los aumentos y las vaguedades de Aranguren.
A lo mejor, incluso puede llegar a interpretar el regreso de los genocidas a sus domicilios como una reconciliación histórica.
En lo que organismos de derechos humanos consideran una afrenta a la memoria, una serie de represores juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad se beneficiaron con seguir cumpliendo las sentencias en casa.
Entre esos está, por ejemplo, Miguel Osvaldo Etchecolatz, un ex jefe policial, genocida condenado quien fuera la mano derecha del ex general Ramón Camps, jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.
A decir verdad, la obstinación evidente contra el pueblo es ideológica; lo demás, son circunstancias que el gobierno parece dispuesto a ignorar en un mes de agosto que ya le trajo innumerables dolores de cabeza.
