Agricultura y ruralidad en Panamá en el punto de mira

0
149
Pequeños productores subsisten en un ambiente de inequidad. (Foto: Panamá América).

Agricultura y ruralidad en Panamá en el punto de mira

Por José Bernardo González
gonzalez.josebernardo@gmail.com

Al principio de la década de 1970, tras el golpe de estado de 1968, fue reorganizado el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que surgió como como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), orientado a la incorporación de las familias campesinas al desarrollo del sector productivo de Panamá.

En ese período de transformación, fue adoptado el Código Agrario, que previó la redistribución de tierras a los campesinos. Ello se hizo con una visión sectorial de mejorar la producción y fortalecer la capacitación y asistencia técnica. Asimismo, fue creado el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), para facilitar el crédito, y se dio impulso a la mecanización de la agricultura.

Como resultado de esa política, se organizó a la población rural pobre en Asentamientos Campesinos y Juntas Agrarias de Producción y Mercadeo. El proceso se conoció como Desarrollo Rural Agrario. Sin embargo, cada institución empezó a generar y atender los programas con una visión sectorial.

En la década de 1980, se cambia el enfoque a lo que se conoció como Desarrollo Rural Integrado, orientado al desarrollo, con una visión más amplia, reconociendo en alguna medida la condición multisectorial del desarrollo rural. Se puede decir, que inicia la transición del enfoque sectorial productivo y centralista a un enfoque horizontal y participativo, por lo que se hicieron esfuerzos de coordinación interinstitucional. En este sentido, se diseñaron y ejecutaron proyectos para atender poblaciones de campesinos pobres e indígenas más o menos focalizados, como el Proyecto Desarrollo Rural Integrado Güaymi y el Proyecto de Desarrollo Rural Integrado del Sur de Veraguas. Además, se dio impulso a la Extensión Agrícola, a través del Proyecto de Transferencia de Tecnología.

En la década de 1990, el desarrollo de las áreas rurales da un salto en el enfoque y fue asimilado como la capacidad de resolver la pobreza y la pobreza extrema, desde la perspectiva de atender directamente a esas poblaciones en sus necesidades de infraestructura pública y comunitaria. Por ello, fueron destinados fondos al Proyecto de Combate a la Pobreza Rural y Recursos Naturales Renovables, el Proyecto de Desarrollo Sostenible de Coclé, Capira y Colón, el Proyecto de Desarrollo Sostenible de Darién y el Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Comarca Ngäbe Buglé. En esos proyectos, se intentó fortalecer la participación y gestión de campesinos e indígenas, pero no se hizo énfasis en la economía de las comunidades.

A partir del año 2000, el enfoque consideraba la pobreza como el resultado de la falta de disponibilidad de alimentos (producción), por lo que el esfuerzo rural se orientó principalmente a la seguridad alimentaria de poblaciones pobres. Asimismo, fueron diseñados programas de producción de alimentos, como Granjas de Agricultura Sostenible, los Huertos Escolares y Comunitarios y Huertas Familiares, que abarcaban capacitación en técnicas de producción sostenible.

A mediados de esa década, se inicia un proceso de elaboración de una política de Desarrollo Rural, que tenía como insumos y herramientas la experiencia ganada en los aciertos y errores en esos años, y en la capacidad de reconocer que hay nuevos enfoques del desarrollo rural. Esta política entiende lo rural como un atributo de los territorios que dependen de su vocación, cultura e identidad.

Paralelo a ese proceso, desde mediados de los noventa, se implementaron políticas de apoyo e impulso de la producción comercial para mejorar la tecnología, aumentar la capacidad nacional de producción y exportación de rubros consumidos en los países indusrializados, como el Programa de Reconversión Productiva y la Ley 25. También se inicia el proceso de integración al comercio internacional, en lo que primero se conoció como GATT, luego OMC, y una escalada de acuerdos bilaterales, principalmente con países más desarrollados tecnológicamente.

La mayoría de esas políticas se sustenta en subsidios a la producción y sus resultados son cuestionables. El hecho de que los beneficiarios de los subsidios son “agronegocios verticalizados” en la cadena de valor, agrava la situación en el sector agropecuario panameño.

Pese al discurso sobre el apoyo a los productores, las normas para acceder a esos programas no permiten a los pequeños agricultores pobres recibir los beneficios adecuados. Además, el esquema de subsidios a la producción implantado por el Estado, sólo beneficia a los grandes productores y es un incentivo a la ineficiencia.

Deja un comentario