Agencias de ayuda en el ojo del huracán

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En Ginebra, agencias de ayuda de la ONU se apoyan en la británica Oxfam ‒recientemente envuelta en un escándalo sexual‒ como brazo operativo de sus proyectos. (Keystone).

Por Imogen Foulkes
Swissinfo.ch

Es la tormenta perfecta. Empleados dedicados a proveer ayuda -considerados por muchos en el mundo como santos del siglo XXI-, se vieron súbitamente exhibidos en las primeras planas de los diarios como los pecadores más ruines.​​​​​​​

Ola de acusaciones

El 22 de febrero, la ONU informó haber recibido 40 acusaciones de explotación y abusos sexuales contra sus misiones de paz, agencias, fondos, programas y sus socios ejecutantes durante los últimos tres meses de 2017.

De las 40 acusaciones, 15 correspondieron a operaciones de sus fuerzas de paz, 17 a agencias, fondos y programas de la ONU, mientras que ocho involucraron a socios ejecutantes.

Ese mismo día, el director ejecutivo adjunto de Unicef, Justin Forsyth, dimitió en medio de acusaciones de conducta inapropiada mostrada hacia trabajadoras de la ONG ‘Save The Children’, donde fue consejero delegado entre 2011 y 2015.

El 23 de febrero, el director adjunto de Onusida, el brasileño Luiz Loures, acusado de haber abusado sexualmente de una colega pero absuelto en una investigación interna de Naciones Unidas, anunció su renuncia.

El escándalo que rodea a la organización benéfica Oxfam ‒altos cargos de este organismo presuntamente contrataron prostitutas en Haití en el año 2011‒ atrajo la atención internacional y, sobre todo, el repudio global.

La idea de pensar que personas que habían volado a una zona de desastre para ayudar a los más pobres y vulnerables hubieran participado en un acto de explotación sexual decepciona profundamente a los fieles seguidores de Oxfam y alimenta un acalorado debate en la Gran Bretaña sobre el valor de la ayuda exterior.

En Ginebra, las agencias de ayuda de la ONU -que en muchos casos utilizan a Oxfam como socio y brazo operativo de sus proyectos- tuvieron que prepararse para el diluvio de cuestionamientos que flotaba en el ambiente: “¿Quién fue? ¿Cuándo? ¿Cuántas personas participaron? ¿Por qué lo hicieron?, etc.

Un conflicto intrincado

Aunque los portavoces de la agencia en Ginebra soportaron con paciencia este alud de preguntas, repitiendo una y otra vez que la política de la ONU ante cualquier tipo de explotación o abuso sexual es de “tolerancia cero”, el hecho en sí provocó un complejo debate.

La prensa británica sensacionalista publicó titulares que afirmaban que “los trabajadores humanitarios británicos de la ONU violaron a 60 000 personas” y sugirieron que las agencias de ayuda de la ONU tenían empleados a millares de “pedófilos” que habían hecho un daño irreparable.

Poco importó que la metodología utilizada por Andrew MacLeod ‒agudo crítico de la ONU‒ para llegar a la cifra de 60000 personas hubiera sido falsa o que el propio autor se haya distanciado de estos titulares. El daño estaba hecho porque millones de personas tuvieron acceso a esa información. “Todo el mundo cree en esas cifras totalmente disparatadas”, dice enfurecida una experimentada empleada de la ONU, quien considera que “es muy desafortunado que todo esto haya sucedido porque resta credibilidad a la ONU y esto es grave”.

¿Pacificadores o trabajadores humanitarios?

Uno de los principales problemas vinculados a este debate ha sido la confusión que existe entre los casos de abuso sexual cometidos por las fuerzas de paz de la ONU y las denuncias similares que recaen en los trabajadores humanitarios.

Esto es, cuando Andrew MacLeod habló en sus estudios de 60 000 violaciones, estimaciones que como se dijo fueron reproducidas por los principales medios de comunicación del mundo, el crítico se vio obligado a precisar que basó sus cálculos en un número mucho menor de abusos cometidos por las fuerzas de paz, que luego multiplicó varias veces para atribuirlos a los empleados dedicados a la ayuda humanitaria.

Los casos de abuso sexual cometidos por personal de la paz de la ONU en Bosnia, Liberia y en la República Centroafricana, han sido cabalmente documentados y llevados ante las Naciones Unidas para desarrollar un estricto código de conducta y un riguroso proceso de investigación.

Sin embargo, las fuerzas de paz de la ONU siempre están bajo la jurisdicción de los países de los que provienen. Por ello, aunque la ONU realice la investigación inicial y aporte pruebas, cualquier juicio correrá a cargo de la nación a la que pertenecen los responsables. Y, con frecuencia, un número importante de acusaciones graves termina en una simple repatriación del pacificador que violentó las reglas de conducta.

La ONU trabaja en fortalecer su política de “tolerancia cero”, pero es una realidad que necesita de las fuerzas de paz de forma permanente. Y el gran temor de las Naciones Unidas es que, si endurecen su política de juicios públicos (en los que realmente se aplica el castigo ante una falta cometida), muchos países dejarán de proporcionar estas fuerzas de paz.

Abuso, explotación y acoso

Pero, más allá de las confusiones, en el caso de abusos, explotación u acoso cometidos por el personal humanitario de la ONU ‒o de agencias de ayuda como Oxfam‒ hay mucho trabajo por hacer.

“Cada informe o acusación de explotación sexual, o de abuso, es minuciosamente evaluado y, de confirmarse, siempre supondrá sanciones y un despido sumario”, dijo a periodistas Andrej Mahecic, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Una de las preguntas que surgen es qué tan grande es el problema en la actualidad. Cuando estallaron las noticias del escándalo de Oxfam, las reacciones entre los trabajadores humanitarios se dividieron. Unos, no parecían sorprendidos; pero otros sí, como Judith Greenwood, miembro de la Alianza de Estándares Humanitarios Básicos (CHS), que es una red paraguas encargada de aglutinar agencias de ayuda. Participar en ella supone respetar una serie de normas y principios comunes.

“He trabajado en muchos países donde estuve en contacto con Oxfam. (Y este caso de explotación sexual) fue muy sorpresivo e impactante. Creo que para todos los que formarnos parte del sector de la ayuda fue un gran golpe”, dice.

Oxfam es parte de CHS y los miembros de esta alianza están obligados a manejar políticas claras en materia de explotación y abuso sexual.

“Creo que tenemos las herramientas necesarias (para abordar el abuso)”, afirma Greenwood, “pero si pese a ello se presentan casos como este, significa que no estamos haciendo lo suficiente en la aplicación de los estándares y políticas pactados”.

“El abuso sexual por parte de los trabajadores humanitarios es inaceptable, y cualquiera que sea la organización para la que trabajen, esta debe investigar y dar seguimiento a los casos. La idea de que la gente sea herida por aquellos que llegaron a ayudarla, es totalmente inaceptable”, concluye.

Posición del gobierno suizo

El gobierno suizo expresó que posiblemente, suspenderá sus aportaciones financieras a Oxfam, según lo reportaron DPA y el periódico “Neue Zürcher Zeitung”. El Ministerio suizo de Relaciones Exteriores exhortó a aclarar los hechos “antes de que sea renovado cualquier tipo de apoyo”.

¿Falta de transparencia?

Irónicamente, el caso Oxfam evidencia que las políticas antes referidas sí se aplican: el equipo haitiano de este organismo británico fue despedidos y Oxfam informó también sobre el hecho a las autoridades británicas encargadas de regular la beneficencia. Sin embargo, dado que la gente siempre espera los más altos estándares de comportamiento de los trabajadores humanitarios, cuando las cosas van mal, existe una tendencia a ocultarlas. En este caso, el escándalo de Oxfam supondrá, claramente, una reducción en los donativos que recibe este organismo y aviva las dudas sobre en torno a estas instituciones.

“Estos casos deben tratarse de forma correcta y transparente”, dice Judith Greenwood, “y deben referirse a las autoridades competentes”.

Pero informar a las autoridades también supone riesgos en algunos casos. Por ejemplo, el gobierno haitiano expresó a Oxfam que debió referir este caso a la policía haitiana, ya que la prostitución es ilegal en este país. Posiblemente, en efecto, habría sido la forma correcta de actuar pero, ¿qué debería de hacer una agencia de ayuda cuando un caso de abuso sexual se presenta en una zona de guerra, o en un estado fallido? Informar a las autoridades locales podría causar más perjuicio que bien.

Sin embargo, y en términos generales, hay consenso en el sentido de hay grandes lecciones por aprender como resultado del momento #metoo de la beneficencia internacional.

Y seguramente, habrá más casos: actualmente flotan muchas preguntas en torno al comportamiento de la organización benéfica Médicos sin Fronteras también en Haití.

Sería un gran error intentar minimizar este problema, aunque se corra el riesgo de recibir menos financiamiento, ya que el sector de la ayuda siempre debe ser público y transparente en materia de temas de abuso y la explotación sexual, y debe demostrar que su política de “tolerancia cero” realmente funciona.

Y, quizás, el camino más valiente para el sector sea desafiar la imagen que ha tenido hasta ahora para expresar abiertamente al público que sus colaboradores no son santos. Nadie lo es. Pero demostrando, al mismo tiempo, que cualquier abuso o explotación será siempre castigado.

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