- Por Cecilio E. Simon E.
Redacción de Bayano digital
La Corregiduría del Corregimiento de Ancón, en áreas revertidas, emitió una boleta de citación al Ing. Carlos Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores del Canal de Panamá. El convocado aclaró que esa citación es parte del hostigamiento iniciado, tras denuncias de corrupción formuladas contra el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano.
DENUNCIAN A LA ADMINISTRACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ
Reyes precisó que a mediados de agosto, guardias de seguridad de la ACP y unidades de la Policía Nacional intentaron ejecutar una orden de lanzamiento, como si el Sindicato fuese un supuesto intruso. La medida intimidatoria fue interpretada como un procedimiento de represalia ante la posición sindical asumida, de denunciar cualquier acto de corrupción en la ACP.
Ahora, la administración tramita el lanzamiento, por medio de la Corregiduría, por una supuesta falta de pago. Reyes entregó a Bayano digital las notas enviadas desde el 2013 al Ing. Juan Alberto Hum, Director de la División de Relaciones con la Gente, y al ministro del Canal, Roberto Roy, en las que solicita la factura para realizar el pago anual, sin que haya recibido respuesta. El sindicato ocupa el local desde el 2006 y la ACP se niega a tramitar el cobro desde el 2013 para presionar su salida.
Reyes estimó que el lanzamiento de los sindicalistas de su local forma parte de la política de criminalizar la protesta, como ha ocurrido con otras organizaciones sociales en Colón, la Comarca Ngäbe y los estudiantes universitarios, que son intimidados judicialmente para impedir que ejerzan el derecho ciudadano a la denuncia y la protesta.
Los lanzamientos contra los inquilinos eran usuales en Panamá hasta 1968, cuando el general Torrijos congeló la renta y prohibió esas expulsiones forzadas , de allí el odio acumulado por los llamados “casatenientes” (propietarios de casas de inquilinato), acostumbrados a explotar la renta de los viejos caserones, de los que se apropiaron al finalizar la construcción del Canal de Panamá.
Como represalia por la ley de inquilinato de Omar, dejaron deteriorar las viejas edificaciones de madera construidos por los Estados Unidos, en tierras nacionales, para los obreros que trabajaban en la construcción del canal en cuartos (llamados así porque en cada uno alojaban a cuatro trabajadores que compartían la renta).
La medidas tomadas para forzar la salida del sindicato de su local, es similar a la que aplicaron los “casatenientes” a los inquilinos en los barrios pobres de El Chorrillo, San Felipe, Marañón, Calidonia, San Miguel, Guachipalí y Colón para provocar la salida de los cuartos.
A los lanzamientos (muchas veces masivos) como hacen por ejemplo en la Ciudad de Colón en el proyecto de renovación urbana, seguía la demolición o quema de las edificaciones y la compra – venta de la tierra, valorizada por el Estado con millonarias inversiones en los servicios públicos.
Estudiosos de los temas sociales indican que el lanzamiento contra sindicalistas, tramitado por la ACP, podría responder a una ideología inquilinaria y represiva de los herederos de los “casatenientes”, que ahora regentan el Canal por el que no lucharon.
