INFORME EVALUATIVO DE LA ACTUACIÓN PARCIALIZADA Y POLITIZADA DE LA CIDH EN NICARAGUA, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REPUBLICA DE NICARAGUA
El pasado 13 de mayo, actuando de buena fe, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional cursó invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realizara una visita de trabajo a Nicaragua, con el objeto de observar in loco la situación de los Derechos Humanos, en el contexto de los sucesos del intento del golpe de Estado.
Dicha visita fue realizada del 17 al 21 de mayo de 2018, nuestro Gobierno brindó las facilidades a la Comisión para que realizara su trabajo libremente, proporcionando la información requerida, garantizando reuniones con las autoridades y atendiendo sus solicitudes.
El 21 de mayo la CIDH emitió un informe con observaciones y recomendaciones preliminares, basado fundamentalmente en informaciones audiovisuales y testimonios editados y manipulados por los autores y ejecutores del intento de golpe de Estado, dándole plena veracidad a los mismos, sin haberle dado posibilidad al Gobierno de Nicaragua de pronunciarse sobre tales afirmaciones infundadas.
A pesar de la franqueza y apertura con que nuestro Gobierno atendió a la CIDH y las abundantes evidencias e información brindada, que comprobaban el carácter violento de las acciones terroristas, crímenes de odio, torturas, homicidios, asesinatos, destrucción e incendio de oficinas e instituciones públicas cometidas por los grupos golpistas, éstas no fueron reflejadas en dicho informe, lo que demuestra su parcialidad.
La CIDH manipuló la información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica, omitiendo deliberadamente que las personas asesinadas en su mayoría son policías, funcionarios del Estado, militantes sandinistas y civiles ajenos al conflicto, cuyas causas de muerte fueron por heridas con armas de fuego ocasionadas por los golpistas.
El informe preliminar repitió y difundió las mentiras de los autores, actores y ejecutores del intento de Golpe de Estado, contribuyendo al masivo uso de las plataformas y redes sociales para la manipulación mediática y psicológica que incitó a la violencia, todo ello con la única finalidad de justificar ante la comunidad internacional actos ilegales y crímenes dirigidos a romper el orden constitucional.
La CIDH omite deliberadamente la verdad que no conviene a los intereses de quienes desde el exterior patrocinan las acciones dirigidas a derrocar el gobierno constitucional de Nicaragua.
A pesar de ello, nuestro Gobierno manifestando su vocación de paz y actuando de buena fe, aceptó e inició la implementación de las recomendaciones de la CIDH y atendió las solicitudes de los llamados representantes de la sociedad civil de oposición y la Conferencia Episcopal, en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional la Policía Nacional se reconcentró en sus delegaciones; se invitó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Secretaría General de la OEA y a la Unión Europea; se acordó la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar y apoyar las investigaciones iniciadas por el Estado, mientras tanto, de manera paralela, los grupos golpistas endurecían sus acciones con secuestros, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tranques, crímenes de odio, incendios y asesinatos.
Igual sucedió con el Informe Final que la CIDH presentó ante el Consejo Permanente de la OEA, nuestro Gobierno informó y documentó oportunamente a la CIDH sobre cada acto de violencia ejecutado por los golpistas, ésta se vio obligada a hacer escasas referencias a ello ante el reclamo fundado de nuestro Gobierno.
La CIDH en sus informes ha usado criterios parcializados y sesgados, evitando intencionalmente emitir opiniones y conclusiones cuando se trata de los actos de violencia y crímenes ejecutados por los protestantes «pacíficos».
Ejemplo de lo anterior, es que durante la existencia de los llamados tranques, se cometieron actos terroristas, se quemaron vivos a seres humanos, se torturaron y cometieron vejámenes en contra de simpatizantes del Gobierno, se secuestraron a centenares de transportistas centroamericanos y a la población civil, que se veía impedida de salir libremente de sus casas y trabajar.
Sobre esto no hubo ningún pronunciamiento de la CIDH condenando, denunciando o expresando preocupación pese a que lo constataron personalmente in situ, pretendiendo legitimar este tipo de actos ilícitos.
Los informes y comunicados de la CIDH sobre Nicaragua son en sí mismos cuestionables, por su sesgo político y la metodología de trabajo, que carece de todo rigor científico, siendo una de sus fallas más notorias la falta de verificación de la información que recibe y la utilización irresponsable de fuentes sin ninguna credibilidad.
La actuación de la CIDH en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos y otros países, promueve maniobras políticas injerencistas, intentando desestabilizar y aislar internacionalmente a Nicaragua con el objetivo de derrocar a su Gobierno Constitucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desvirtúa y deslegitima su actividad y la de sus funcionarios al asumir posiciones políticas, en abierta contravención de la Carta de la OEA, el Reglamento y el Estatuto de la propia CIDH.
El Pueblo de Nicaragua exige el cese de la participación de la CIDH en la campaña política y mediática, de mentiras, tergiversación, calificativos y estigmatización en contra del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
