Lo acontecido esta semana que termina en torno al tortuoso camino que tuvieron que recorrer las dos designadas por el presidente el pasado 15 de diciembre.
Por Mariela Sagel
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La Asamblea Nacional de Panamá no deja de sorprendernos, al igual que el desprestigiado Órgano Judicial y ni qué decir del Ejecutivo, que se cree que es una monarquía. Lo acontecido esta semana que termina en torno al tortuoso camino que tuvieron que recorrer las dos designadas por el presidente el pasado 15 de diciembre ha malgastado –como se malgastan los dineros públicos en todas sus actuaciones‒ mes y medio valioso para que al final resultaran rechazadas en una votación sin precedentes, con obvios tintes políticos que no toma en cuenta la urgencia de encarrilar la justicia o agilizar la gestión de Gobierno.
Como nos pasamos de evento a fiesta, estilo los trapecistas, que según su definición realizan piruetas de dificultad creciente sobre el trapecio mientras éste se balancea, pretendieron echarnos tierra en los ojos en diciembre porque venían las fiestas navideñas. Los holgazanes diputados terminaron sesiones, pero en vista de que desde la designación de las dos abogadas para magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se escenificó todo un circo de opiniones y señalamientos sobre lo políticamente incorrecto que era la escogencia de estas dos señoras, se fueron a sesiones extraordinarias muy dilatadas a propósito. Tal como he reiterado en varias ocasiones, puede que las dos tuvieran los méritos para llegar a ser magistradas, pero la forma y el fondo del porqué de sus designaciones era lo cuestionable. Cuando comparecieron ante el pleno, se les salió el cobre, pero eso seguramente fue producto de la presión a la que estaban sometidas desde que Varela tuvo la desacertada idea de imponerlas para la CSJ.
No voy a caer en el jueguito que manipula la vicepresidenta de hacer de esto un tema de género, de que porque eran mujeres se les estaba montando semejante oposición. Allí está la piedra de toque: las estaban utilizando y lo digno en su condición hubiera sido que declinaran la designación del presidente, que no me atrevo a decir que era honrosa.
El país entero fue testigo de la manipulación que emprendieron los varelistas, comandados por su verdadero capo, y en vez del debate que debió prevalecer, sobre la importancia de nombrar dos personas idóneas para tratar de enderezar la CSJ se cayó en la politiquería y sacadera de trapos. Los que antes se daban besos de lengua, que llevaron al actual secretario del PRD a ganar en los comicios internos de ese partido en octubre de 2016, se pelearon cual lavanderas de patio limoso. Fue una vergüenza y se cayó en las profundidades del descrédito, la diatriba y los reclamos cual amantes heridos y despechados.
No hay motivo para estar eufóricos ni celebrar este abrumador rechazo a los caprichos del presidente y su hermanito. No es un triunfo, a pesar de que, por vez primera, las bancadas lograron unificar criterios y votar disciplinadamente. Hay que ver en lo profundo que estamos en un año preelectoral y que los intereses se mueven en virtud de una reelección. Solamente con estar conscientes de que uno de esos individuos no enfrenta la justicia por haber matado a una menor en un atropello, escudándose en la inmunidad; que otro no sabe ni la letra del himno nacional (está en el mundo feliz de Colón) y un tercero, en un ataque de sinceridad dice que engañó a todo el electorado para ser electo, deberíamos adoptar la consigna de no reelegir a ninguno.
El trapecismo político está muy de moda en otros países y en Panamá no es la excepción. Bien lo definió el sociólogo polaco Zygmunt Bauman que “los partidos políticos son taxis a los que se suben ciertos personajes por conveniencia y los abandonan posteriormente, a veces pagándoles y a veces no”. Esta tesis se aplica adecuadamente a los legisladores trapecistas (mejor conocidos como tránsfugas), que consideran los partidos que los arroparon y apoyaron en su momento, como meras franquicias de oportunidad laboral. La práctica política requiere de congruencia verdadera, sin la cual no hay autoridad moral posible. Esto no lo han aprendido los que legislan desde el Palacio Justo Arosemena ni creo que les interese aprenderlo. Están es en ver cómo dilatan los procesos que algunos en su momento criticaron y en cobrar emolumentos inmerecidos, alargando votaciones en las cuales se sabía que no iban a poder imponer la voluntad del Ejecutivo, por muy altas las sumas que ofrecieran por el voto a favor.
