Un “camarón” y una “langosta” revelan grave corrupción en Panamá

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Expansión de terminal de PSA.

Por José Dídimo Escobar Samaniego
Cédula: 7-84-41

En estos días, se habla de un “camarón” legislativo, respecto de la anulación de un contrato leonino y antinacional, entre la República de Panamá y Singapur, a través de la Autoridad Portuaria de Singapur (PSA, por sus siglas en inglés), que ha tomado dominio del puerto de Rodman.

Habiéndosele casi vendido a un tal Liberman, una concesión para el desarrollo del puerto, éste se lo regresa a la Autoridad Portuaria de Panamá, sin haber producido la inversión a la que se comprometió en el contrato. Luego, la misma fue devuelta a la Autoridad Marítima de Panamá, y ahora ésta se le otorga a PSA, pero Liberman tiene una parte importante de la nueva concesión, a través de una empresa, y que en su desarrollo no representa el incremento de carga contenerizada nueva.

Así, la Asamblea Nacional otorgó a otro Estado, beneficios de exoneración tributaria que junto a la entrega de esa concesión, la hacen inviable desde el punto de vista constitucional.

“La concesión inicial de PSA fue aprobada por la Asamblea Nacional en abril de 2008, y fue inaugurada en diciembre de 2010. Con la Ley 2 del 10 de febrero de 2015, se extendió por 20 años la concesión con el Estado”, según lo publica el periódico La Estrella de Panamá.

Quienes hoy se rasgan sus vestiduras, hablando de seguridad jurídica, estaban ausentes cuando al país le estaban metiendo una enorme “Langosta” (texto lesivo), y de un plumazo se le otorgó graciosamente una concesión a otro Estado, mientras que los panameños ven diluir en lo etéreo las pretensiones de lograr beneficios del Canal y todas sus actividades conexas, para luego repartirlos lo más colectivamente posible, como lo expresó el general Torrijos cuando logramos esa conquista.

En medio de este escándalo en el que se vulnera la soberanía nacional, toca a la Autoridad Marítima, asumir su deber e inmediatamente hacerse con la administración y ejercicio de dominio del puerto, pues si una agencia de otro gobierno que la constitución política prohíbe que pueda ser propietario de ese bien, lo tenía y lo tiene, es menester que se pase a enderezar lo torcido.

Los panameños tienen derecho a conocer todo lo relacionado con esa concesión, y a que las autoridades expliquen de qué modo ha sucedido el hecho de que un Estado extranjero sea propietario de la concesión que la Constitución Política prohíbe de manera taxativa.

Es probable que un “camarón” legislativo no sea moralmente la vía correcta para resolver un problema que esconde muchas aristas, y en el que deberá develarse la profunda corrupción que encierra este hecho insólito de la amputación de una parte de nuestro territorio y que se le pretende revestir hipócritamente de pretendida legalidad, cuando agrede de manera directa el orden constitucional.

Cada día que amanece, nos despertamos con un nuevo escándalo, en el que casi siempre ha sido atracado el patrimonio de todos los panameños. No obstante, aquí no pasa nada.

¡Por un país decente y una patria para todos!

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