Trata de personas golpea a Panamá

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Trata de personas golpea a Panamá

Por Redacción Bayano

La fiscal Primera del Circuito Katya Meléndez, señaló que Panamá coordina acciones internacionales para el combate del delito de la trata de personas, que alcanza a este país, y el rescate de mujeres que son introducidas en el mundo de la prostitución y de hombres extranjeros que son explotados laboralmente.

Aunque Meléndez no suministró cifras sobre esos delitos ventilados en la Fiscalía de Crimen Organizado, un informe del gobierno de Estados Unidos, de 2015, no deja bien parado al sistema de Justicia en el tema de la trata. Para conocimiento de todos, reproducimos aspectos del texto emitido en Washington:

Panamá – Nivel 2

Panamá es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños víctimas de la trata sexual y el trabajo forzado. La mayoría de las víctimas de trata panameñas son explotadas en la trata sexual dentro del país. Las mujeres panameñas también son vulnerables a la trata sexual en otros países, incluyendo un caso que se conoce en Guyana. La mayoría de las víctimas de trata extranjeras encontradas en Panamá son mujeres de Colombia, países vecinos en Centroamérica y de la República Dominicana. La mayoría de estas mujeres migran voluntariamente a Panamá a trabajar –incluso en la trata sexual– pero son posteriormente explotadas en la trata sexual o, en menor grado, en la servidumbre doméstica. Las mujeres refugiadas de Colombia son particularmente vulnerables a la trata sexual.

En los últimos cinco años, las autoridades han identificado a mujeres de Europa Oriental, que trabajaban en clubes nocturnos, como posibles víctimas de trata sexual. Hombres nicaragüenses, y en menor grado colombianos, son sujeto de trata laboral en el área de la construcción, la agricultura, la minería y otros sectores. Hombres y mujeres de China son sujeto de servidumbre por deuda, incluyendo en tiendas de víveres, lavanderías y otros pequeños comercios manejados por ciudadanos chinos. Las autoridades han informado sobre casos de tratantes que someten a hombres de Colombia a trabajo forzado en restaurantes, y una organización internacional ha identificado casos de servidumbre por deuda en hombres de India que venden a domicilio. Se ha investigado a hombres estadounidenses por turismo sexual infantil en Panamá. Oficiales panameños y europeos informaron que algunos hombres y mujeres de otros países que transitan por Panamá en ruta al Caribe o Europa, luego son sometidos a la trata sexual o laboral en destino. Se ha investigado a oficiales de migración por delitos de trata laboral.

El Gobierno de Panamá no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para eliminar la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. Las autoridades incrementaron el número de víctimas identificadas, incluyendo más víctimas de trata laboral; condenaron a cinco tratantes por trata sexual en dos casos, y continuaron sus esfuerzos de concienciación pública. La protección a víctimas fue insuficiente y la mayoría de las víctimas identificadas no recibieron servicios. El gobierno no asignó fondos a su fondo de asistencia a víctimas de trata de personas.

Recomendaciones para Panamá:

Incrementar de forma significativa los fondos para servicios especializados a las víctimas, incluyendo la implementación del fondo dedicado a la asistencia de víctimas y suministrar fondos a organizaciones de la sociedad civil para que ofrezcan servicios; intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley en la investigación proactiva y el enjuiciamiento de delitos tanto de trata sexual como laboral – incluyendo casos que involucren a víctimas panameñas en el país– y condenar y sentenciar a los tratantes, incluyendo a cualquier servidor público que se presuma fue cómplice; continuar desarrollando e institucionalizando la capacitación contra la trata suministrada por el gobierno a los oficiales relevantes; implementar las pautas para la identificación y asistencia a víctimas que fueron desarrolladas previamente y entrenar ampliamente a los oficiales en estas disposiciones; aliándose a la sociedad civil, ofrecer servicios especializados a todas las víctimas masculinas y las que son menores de edad; enmendar la ley en contra de la trata para que adopte una definición nacional de trata de personas que sea consistente con la legislación internacional; y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, incluyendo fuera de la ciudad capital.

Enjuiciamiento

El gobierno continuó con sus modestos pero inconsistentes esfuerzos de aplicación de la ley en contra de los tratantes de personas. La ley 79 de 2011 prohíbe todas las formas de trata, con condenas de seis a 30 años de prisión dependiendo de la naturaleza del delito. Estos castigos son suficientemente severos y van de acorde con los prescritos para otros delitos graves, tales como violación carnal. Esta ley también prohíbe el traslado de personas adultas para fines de prostitución (sin requerir el uso de la fuerza, fraude o coerción) y la adopción ilegal (sin requerir evidencia de explotación) como formas de trata, delitos que no se consideran trata de personas bajo el Protocolo de Trata de Personas de la ONU del año 2000. A pesar de que la Ley 79 indica que la trata de personas no requiere que se traslade a la víctima, al implementar la ley, los oficiales panameños investigaron y enjuiciaron casos que no involucraron traslado como si fueran otros delitos, tales como explotación sexual comercial.

En el 2014, las autoridades investigaron 11 casos nuevos de trata, cuatro de trata sexual y siete de trata laboral, todos los cuales involucraron traslado. A pesar de que el gobierno no inició ningún enjuiciamiento nuevo, continuó con siete enjuiciamientos de trata sexual de años pasados y condenó a cinco tratantes que participaron en la trata sexual, siendo esto un aumento en condenas en comparación con los tres tratantes condenados en el 2013. Las sentencias de prisión para tratantes condenados iban de 10 años a 12 años y seis meses. El gobierno no informó sobre ninguna investigación, enjuiciamiento o condena por delitos de trata que no involucraran traslado. Las autoridades panameñas cooperaron en investigaciones de trata con oficiales de Perú, Nicaragua y Colombia. El gobierno no informó sobre ninguna nueva investigación, enjuiciamiento o condena de funcionarios del gobierno cómplices en delitos de trata de personas ni sobre ningún avance en la apelación al sobreseimiento, en el 2012, de un caso que involucró a seis ex oficiales de migración que se sospechaba estaban involucrados en la trata laboral. En el 2014, el gobierno capacitó a algunos oficiales del gobierno sobre las disposiciones de la ley en contra de la trata de personas del 2011, aunque donantes extranjeros financiaron la mayoría de las capacitaciones para los oficiales panameños.

Protección

El gobierno tuvo avances limitados en la protección a víctimas de trata, aunque los esfuerzos de protección siguieron siendo inadecuados y la mayoría de las víctimas identificadas no recibieron servicios. Se identificaron 25 víctimas en 2014, incluyendo a 14 hombres, siete mujeres, tres niños y una niña; este es un número mayor que las 16 víctimas identificadas en 2013. Veintiuna víctimas fueron sujetas a trata laboral y cuatro a trata sexual. Se repatrió a una víctima panameña, y las otras 24 víctimas eran de otros países latinoamericanos. El gobierno no informó haber identificado niños que hayan sido explotados en la trata sexual ni víctimas panameñas explotadas dentro del país. No había procedimientos sistemáticos para la identificación proactiva de las víctimas entre las poblaciones vulnerables, tales como las personas involucradas en la prostitución y migrantes indocumentados detenidos; una guía para identificación y protección de víctimas publicada durante el periodo del informe anterior no fue implementada. En julio el gobierno lanzó una línea de ayuda dedicada para reportar casos de trata e identificó tres casos a través de esta línea. El gobierno no suministró ni financió servicios especializados para víctimas de trata. Las autoridades refirieron a 10 víctimas a una oficina en el Ministerio Público que provee a los testigos y víctimas de delitos los servicios de trabajadores sociales y psicólogos. Dos víctimas recibieron albergue temporal en una instalación del gobierno para mujeres víctimas de violencia doméstica, otra fue colocada en un albergue del gobierno para niños en riesgo, y dos fueron referidas a una ONG, la cual pagó por su estadía en un hotel. No había albergues del gobierno ni de ONG disponible para hombres adultos –el grupo más grande de víctimas identificadas en 2014. Ni el gobierno ni las ONG brindaron servicios a largo plazo a víctimas de trata.

Las autoridades panameñas tomaron declaraciones escritas de las víctimas y típicamente no las alentaban a participar posteriormente en la investigación y el enjuiciamiento de los tratantes. Si bien las víctimas podían presentar una demanda civil en contra de los tratantes, el gobierno no implementó una ley de 2013 que creaba un fondo específico para asistencia a las víctimas de trata. La ley panameña dispuso sólo alternativas legales a corto plazo para la remoción de las víctimas extranjeras a países donde podrían enfrentar penurias o represalias; cinco víctimas recibieron permiso para permanecer en Panamá durante el curso de la investigación de sus casos legales. Si bien las víctimas identificadas no fueron penalizadas por actos ilícitos cometidos como resultado directo de haber sido sujetas a la trata, esfuerzos insuficientes para filtrar a la población vulnerable buscando indicios de trata pudiera haber llevado a que algunas víctimas fueran penalizadas. Adicionalmente, una ONG informó que individuos obligados a cometer delitos no fueron identificados como víctimas de trata y en vez fueron tratados como delincuentes y, durante el año, una mujer colombiana que pudo haber sido forzada a transportar drogas al país fue arrestada por contrabando de drogas.

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