Red Ciudadana Urbana de Panamá denuncia caos urbano y abusos contra la población
Bayano digital comparte con sus lectores un comunicado en contra del modelo de crecimiento urbano, que ha generado estrés y conflictos en la población. Esas contradicciones entre la expansión de la urbe y sus rascacielos, y la pérdida de la calidad de vida en la metrópoli, son colocadas sobre el tapete por la Red de Ciudadana urbana, que marcha para protestar.
La Red Ciudadana Urbana de Panamá, integrada por más de 30 comunidades, expresa su indignación y exige a las autoridades la fiscalización y el estricto cumplimiento de la Ley a la industria de la construcción y se frenen los abusos que han ocasionado caos urbano y el deterioro de la vida ciudadana.
La Red Ciudadana Urbana denuncia:
* El incumplimiento de las leyes y normas que protegen el patrimonio natural con la consecuente devastación de manglares y humedales de los ríos, causando y agudizando las inundaciones. (Inundaciones recientes en Ciudad Radial, Juan Díaz, Condado del Rey y otros sectores).
* Falta de agua potable o presión insuficiente, para cubrir las necesidades básicas, debido a la concesión de permisos a proyectos de alta densidad en áreas residenciales que no cuentan con infraestructura de agua con la capacidad de carga requerida.
* El otorgamiento de concesiones de minería “no metálica” a cementeras en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres y en el Lago amenaza la operación del Canal y ha provocado la escasez de agua potable e insuficiente presión en muchos sectores.
* El constante desbordamiento de aguas servidas debido a las sobrecargas a las infraestructuras existentes. Las aguas negras, inundan calles y viviendas, lo que constituye una amenaza a la salud pública. (El Cangrejo, Herbruger, San Francisco, Condado del Rey, áreas Revertidas, San Miguelito, Betania, Las Acacias, Colón).
* La construcción de edificaciones ilegales con cambios de norma de uso de suelos, otorgados a lotes individuales fuera de consideraciones de planes de ordenamiento territorial de la zona (POT), que únicamente favorecen el lucro de promotores inmobiliarios y desconocen del bien común. (El Carmen, Bella Vista).
* Tranques ocasionados por la aprobación de construcción de barriadas sin la debida planificación de las necesidades de vías, aceras, servicios adecuados y de trasporte público, sin la intervención de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que propician barriadas que son trampas de muerte, que dificultan la circulación de bomberos y ambulancias para atender urgencias oportunamente. (Villa de las Fuentes).
* Apropiación ilegal de las riberas de mar. (Punta Paitilla y en zonas de playa del interior del país).
* Actividades comerciales ilegales en áreas residenciales, sumando a la ocupación de aceras y falta de estacionamientos. (Altos del Chase).
* Aprobación de permisos de construcción en el Municipio de Panamá que reciben visto bueno de IDAAN, ATTT, Bomberos, etc., sin verificar si en efecto existe la capacidad de carga de la infraestructura para proyectos de alta densidad.
* Estudios de impacto ambiental amañados y violación de las zonificaciones de usos de suelo vigente (Las Mercedes, Clayton, Albrook, Paitilla, Coco del Mar).
* La sistemática violación de la Ley 21 de 1997 en las Áreas Revertidas, que fue debidamente planificada, con la consecuente erosión de infraestructuras, depredación del ambiente arriesgando la Cuenca del Canal de Panamá y degradación de la calidad de vida de los ciudadanos.
* La amenaza latente de aplicar un reavalúo abusivo sobre nuestras viviendas.
Desde hace décadas, las autoridades permiten a la industria de la construcción y a sus agentes ACOBIR, CAPAC, CONEP, CÁMARA DE COMERCIO, SPIA, bancos hipotecarios y otros, determinar el crecimiento de la ciudad en función únicamente de sus intereses económicos y en detrimento de los intereses colectivos.
Vivimos en una ausencia de Estado de Derecho, a falta de seguridad jurídica ciudadana, que estropea sistemáticamente nuestra calidad y bienestar. Esto se agrava por la inoperancia de las autoridades que no trabajan de manera coordinada, ni con una visión integral a corto y mediano plazo. El ciudadano acude en busca de respuestas y a lo interno de las instituciones no se cumplen las funciones elementales y, lo más grave, no existe la coordinación efectiva entre los funcionarios de una misma entidad. Las autoridades no empatizan que el caos urbano y sus efectos tiene n un impacto sobre el ser humano y quieren ver el problema ven únicamente del punto de vista burocrático. A pesar de múltiples demandas presentadas por las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia, ésta resulta una vía lenta, costosa y no eficiente para solucionar los problemas urbanísticos y darle expedita respuesta a los ciudadanos.
La Red Ciudadana Urbana ha logrado, conjuntamente con las comunidades y organizaciones comunitarias de ciudadanos, luchar por los derechos a una ciudad ordenada exigiendo moratorias, demandando proyectos, paralizando construcciones y denunciando el incumpliendo a una gran cantidad de proyectos.
El Pacto por el Urbanismo Participativo, firmado el día 8 de febrero 2014 por el candidato a la Presidencia, Juan Carlos Varela, hoy, presidente de la República, el alcalde José I. Blandón, y muchos de los diputados y representantes de corregimientos no ha sido respetado.
Convocamos a la participación ciudadana de cada familia, mujeres y hombres, para que se unan a la Red Ciudadana Urbana y participen en la campaña en las redes sociales Indignados por el caos urbano. Unidos, exigiremos el cumplimiento del Pacto por el Urbanismo participativo y que se restablezcan el derecho fundamental a una ciudad que eleve la dignidad y la condición humana. ¡Exigimos la planificación de una ciudad para sus ciudadanos y no para las inmobiliarias y los intereses económicos!
Contacto: María Elizabeth Chávez (Presidente) o Tomas Engler (Vice-Presidente) Correos:
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