Por Gisela Pérez-Polo
Coordinadora de la Alianza Estratégica Nacional
Es falso que el gobierno del presidente Varela sea lento, como se afirma en muchos medios. Al parecer, la marca personal de baja velocidad encubre el despojo y el negociado de los poderes fácticos que toman por sorpresa a la ciudadanía. Una prueba de ello ha sido la rapidez con la que fue aprobado el Contrato Ley para la reactivación de las áreas bananeras en el distrito del Barú, en la occidental provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica.
La rápida secuencia de acontecimientos se inició el 5 de abril de 2017, cuando la Contraloría General de la República refrendó el Contrato Ley. Siete días después, el 11 de abril, el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, para someter el Contrato Ley al Pleno de la Asamblea Nacional.
El 17 de abril, a los seis días de su aprobación en el Gabinete, Salvador Sánchez, ministro de la Presidencia encargado, acudió al Pleno de la Asamblea Nacional para presentar el proyecto, que recibió tres debates en cinco días hábiles y fue aprobado por unanimidad en el tercero, realizado el 25 de abril de 2017.
El 24 de mayo de 2017, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó con su firma el Contrato Ley que le permitirá a la empresa Banapiña de Panamá, S.A., –subsidiaria de la transnacional frutera Del Monte–, invertir en la producción frutícola en el distrito de Barú y Alanje, en la provincia de Chiriquí, en la vertiente de Pacífico, y en el área de Chiriquí Grande, en la caribeña provincia de Bocas del Toro.
Los cinco días hábiles que utilizaron los Honorables Diputados para la aprobación del proyecto, obviamente no les permitió estudiar las 354 páginas del contrato y percatarse de cinco elementos básicos:
- Afectación al medio ambiente y la salud humana. Antes de la aprobación del documento, los Honorables Diputados no tuvieron la oportunidad de estudiar los antecedentes de la United Fruit Company, que dejó a más de 3.000 afectados con enfermedades en la piel, esterilidad, linfomas y niños que nacieron con malformaciones físicas, a causa de los cocteles de fungicidas que la Empresa ATOPAN empleaba para fumigar las aéreas de cultivos.
- La entrega de las cuencas hidrográficas a esa compañía, para el aprovechamiento del agua dulce, “con una tarifa estabilizada a un dólar (US$1.00) por hectárea por año por los primeros veinte (20) años”.
- El establecimiento de un tope máximo en concepto de tributos municipales, por un monto no mayor a trescientos doce mil (US$312.000) anuales. Lo que exceda de esa cantidad, será asumidos por el Estado.
- La entrega de tierras nacionales cultivadas por más de 18 años y la venta (obligada) de tierras privadas a precios por debajo del mercado en los distritos de Barú, Alanje y Chiriquí Grande.
- La premura del tiempo permitió a los Honorables Diputados identificar los intereses económicos de la firma de abogado que representa a Banapiña. Pero, la supuesta vinculación con un ministro de Estado podría configurar un delito contra la administración pública por tráficos de influencia.
En este contexto, cuando los Órganos del Estado se convierten en instrumentos del Órgano Ejecutivo, aprueban sus iniciativas sin estudiar ni considerar a quienes perjudican o benefician, es decir sin saber que se oculta un negociado. Al parecer, el Órgano Legislativo, por sus debilidades conocidas, se mostró sumiso a la aprobación de esa ley, con serios cuestionamientos económicos.
Tras la aprobación del contrato, siguió la manipulación de la población, con escaso manejo informativo sobre ese negociado. Se desató entonces una campaña de desinformación, dirigida a la legitimación del contrato y la descalificación, incluso violenta, contra quienes se oponen o simplemente defienden sus intereses como productores.
El contenido de la campaña de ataques verbales se ha tornado insurreccional. Es realizada desde la radioemisora Radio Mi Preferida, por el diputado Carlos Motta, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), y el oficialista alcalde de Barú, Franklin Valdés Pitti. Desde la radioemisora se hacen llamados a tomarse violentamente la Justicia, si el gobierno no saca de esas tierras a los legítimos poseedores agrarios.
La Alianza Estratégica Nacional pregunta: ¿Es este procedimiento reactivación económica o despojo en beneficio de firmas de abogados de allegados al Palacio de la Garzas?
