Panamá requiere estrategia nacional de aguas

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Panamá requiere estrategia nacional de aguas

La crisis del agua en Panamá revela, por un lado, la ausencia de una estrategia nacional para la administración eficiente de los recursos hídricos y, por otra parte, el efecto de concesiones otorgadas a empresas y grupos económicos que han terminado por dañar el ecosistema, en perjuicio de la mayoría de la población.

Una realidad que tiene profundas raíces de corrupción y usurpación, ha terminado por lanzar al rostro de todos, una verdad que salta a la luz con el cambio climático: hay dueños del agua, cuyos intereses difieren de los objetivos de bienestar de la mayoría de la población. Sólo así, puede ser explicado el hecho de que un litro de agua potable embotellada cueste más que un litro de gasolina.

Panamá posee 52 cuencas hidrográficas, de las que se derivan cerca de 500 ríos. De ellos, el 60 por ciento presenta algún nivel de contaminación, según los informes de monitoreo del Ministerio de Ambiente. Esa realidad conspira contra el desarrollo del país y confirma una mala gestión del agua a lo largo del tiempo, así como el abandono de las funciones rectoras del Estado.

Es inexplicable, que a pocos metros de plantas potabilizadoras instaladas, haya comunidades pobres que carezcan de un eficiente sistema de distribución de aguas, y que el plan de perforación de pozos para la extracción subterránea aún no haya llegado a quienes más necesitan el consumo diario y permanente. En ese sentido, es necesario identificar las reservas de aguas subterráneas y mejorar la administración de fuentes superficiales.

El caudal medio anual superficial total de Panamá, incluido el territorio continental e insular, es de aproximadamente 4,222 m3/s (metros cúbicos por segundo) que corresponden a una escorrentía de 1,764 mm. Esas cifras provocarían la envidia de poblaciones en zonas desérticas, pero lo cierto es que no hay un claro compromiso de mejorar el panorama, en forma justa y equitativa.

Los ingenieros hidráulicos admiten que las fuentes subterráneas representan una fracción importante de la masa de agua en los continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. Deben ser estudiadas como alternativas, en casos de prolongadas sequias. Para ello, se requieren mapas geológicos confiables y la comprobación del potencial aprovechable reunido en los sustratos.

Todos deben reconocer que el agua en Panamá es un derecho público en riesgo. Para avanzar en la dirección correcta, es necesario revisar las concesiones a grupos privados que han desviado ríos, creado embalses en forma arbitraria o contaminan afluentes. Es hora de poner fin a abusos en el control particular de cuencas hidrográficas, a la impunidad en delitos ambientales, corregir el manejo de las descargas residuales y recatar los derechos de la población para disponer de agua limpia y pura.

Las comunidades organizadas y sus vanguardias tendrán que luchar contra el expolio hídrico, la desprotección de las cuencas y el derroche del vital líquido en todos los ámbitos. No queda otro camino a los panameños, que defender el derecho a la vida y exigir un ordenamiento territorial con sentido soberano.

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