Oídos sordos

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Sede de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

Oídos sordos

Por Miguel Antonio Bernal
Abogado y docente universitario

Asirse del Poder y valerse del mismo para manejarlo como una megaempresa criminal, tal como lo hizo Ricardo Martinelli, en compañía de Varela, dejaron secuelas que siguen golpeando la economía y la moral de la población panameña.

Constitucionalmente, es al Estado a quien corresponde ejercer la acción penal: perseguir y sancionar los delitos, a través del Ministerio Público y Órgano Judicial, respectivamente. Sin embargo, estas instancias judiciales, temprana y sistemáticamente, se niegan a cumplir con los procedimientos y adoptar medidas que conlleven a la aplicación de las sanciones correspondientes.

Por ello, las esperanzas de la ciudadanía de que se castigará a los responsables del tsunami de corrupción, se han ido desvaneciendo, dado que “obstáculos procedimentales” han prevalecido como protectores de la corrupción y la impunidad. Hoy por hoy, todos los indicios racionales de responsabilidad languidecen, y la obsoleta y caduca normatividad sirven+ de espolique para que aquí “no pase nada”.

Todos los progresos alcanzados en el marco de la Convención de Constitucionalidad y de la modernización de un número plural de instrumentos legales, al igual que las Convenciones de la OEA y de la ONU contra la Corrupción, han sido desechados. Ello ha permitido a las múltiples redes delincuenciales de los poderes políticos y económicos, seguir operando fortalecidos por la “recorrupción” que prevalece al amparo de los Órganos del Estado.

Actualmente, todo clamor de Justicia tropieza con los oídos sordos del Ministerio Público y Magistrados que, a pesar de las contundentes evidencias, se recrean en hacer laberintos de leguleyadas para que “no pase nada a nadie”.

Prueba palpable de lo anterior, además de los interminables escándalos del Gobierno pasado, la tenemos en el tratamiento de protección que se le ha brindado a la constelación de corrupción en la Universidad de Panamá. La casi totalidad de denuncias interpuestas en las Fiscalías contra diversos funcionarios universitarios, han concluido con una precipitada solicitud de “sobreseimiento”, sin que haya mediado mayores gestiones investigativas. Humillante y decepcionante pues muchos creímos que actuarían diferente. Confieso que NO ha sido así.

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