Offshore: para hablar en voz alta

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Offshore: para hablar en voz alta

Por Julio Bermúdez Valdez

• Lamentablemente, un reducido grupo de abogados y banqueros, que parecieran no estar conscientes del nuevo modus operandi de la banca internacional, sigue alegando todo tipo de razones infundadas (incluyendo la absurda proposición que este es un esfuerzo de los Estados Unidos para arrebatarnos nuestro negocio), para oponerse a los cambios que nos permitirían limpiar nuestra imagen y atraer nuevas inversiones. Es hora que el gobierno haga caso omiso a esos argumentos y tome las medidas necesarias para que Panamá acepte los cambios propuestos y regularice su situación con la OCDE, como hicimos ya en el caso de la GAFI. (Jaime Alemán Healy)

Contrario a lo que algunos han señalado, no creo que el asunto estribe en “por qué nosotros sí y los otros no”. Para poder tener presencia consistente en la batalla internacional por el tema que ha desatado “Panamá Papers” sería imprescindible asegurarnos primero de no ser objeto de los señalamientos que se nos endilgan y eso solo tiene un camino: cumplir con las nuevas disposiciones a las que han apelado las estructuras financieras internacionales para enfrentar la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Una vez hayamos hecho eso, sería posible entrar a hablar de no ceder a presiones internacionales o al tsunami mediático a que se ha sometido al país ésta semana. Si es cierta la transparencia del Centro financiero panameño, aducida por el presiente Juan Carlos Varela, no será difícil cumplir con este punto.

No creo que el tema sea “por qué nosotros sí y los otros no”, porque encierra la admisión del delito, en el consuelo de tontos que trata de justificar su error con el error de los demás, aunque sigamos inmersos en el fango y compartiendo el mal olor que deja esta vorágine, que podría afectar las líneas de financiamiento con las cuales hoy cuenta el país. No por casualidad se retiró de Panamá hace ya cierto tiempo el Citibank.

Ciertamente que las palabras del presidente Barack Obama constituyen una admisión al problema global en que se ha convertido, hace mucho tiempo, la evasión fiscal, el lavado de dinero y el vehículo de aplicación que constituyen las empresas “off shore”. Admitirlo, sin embargo, no significa celebrarlo sino reconocer el problema para enfrentarlo, una conducta en la que nuestras autoridades no parecen muy de acuerdo.

Por considerarlo acertado, reproduzco a continuación el artículo que éste lunes 4 de abril ha publicado sobre el tema, el conocido abogado Jaime Alemán Healy en el periódico La Prensa. Creo que más allá del comentario, podría ser una línea a seguir.

LOS NEGOCIOS DE ALGUNOS, O LOS INTERESES DEL PAÍS
Por Jaime Alemán Healy

A raíz de los atentados terroristas del 2001, del colapso financiero global del 2008 y del continuo problema del trasiego de drogas, los países del G-20 (20 economías más grandes del mundo) tomaron hace 8 años la decisión de buscar mayor transparencia en el sistema bancario global. Esos esfuerzos se canalizaron principalmente vía el GAFI (encargado de velar contra el lavado de dinero) y la OCDE (encargada de luchar contra la evasión fiscal).

Por razón de sus respectivas plataformas internacionales de servicios, Panamá y Suiza (al igual que muchos otros centros financieros) fueron objeto de fuertes presiones, muchas veces justificadas, para adaptar su legislación a las nuevas reglas del juego.

Como era de esperarse, inicialmente hubo mucha resistencia de los banqueros, abogados y usuarios de estos centros financieros a los cambios propuestos. Sin embargo, con el pasar del tiempo todos los países han entendido y aceptado, la conveniencia de implementar dichos cambios, aun cuando esto conlleve una reducción en los ingresos de sus industrias de servicios financieros.

Suiza en particular ha demostrado un gran liderazgo en la materia. Como país serio, y consciente de la importancia de limpiar su imagen a nivel internacional, hizo los cambios legislativos necesarios y rápidamente logró salir de las listas grises y negras en las que la OCDE y la GAFI colocan a los países que no adoptan los nuevos estándares internacionales. Todos nuestros principales competidores han hecho lo mismo.

Panamá, por el contrario, se ha mostrado más reacio a aprobar los cambios requeridos, lo cual le ha causado un gran daño al país en términos de imagen. Varios bancos importantes como Paribas, BBVA y HSBC cerraron operaciones por causa de nuestra inclusión en las mencionadas listas. Además, prácticamente ningún banco de renombre global ha establecido presencia en el país en los últimos 10 años.

Lamentablemente, un reducido grupo de abogados y banqueros, que parecieran no estar conscientes del nuevo modus operandi de la banca internacional, sigue alegando todo tipo de razones infundadas (incluyendo la absurda proposición que este es un esfuerzo de los Estados Unidos para arrebatarnos nuestro negocio), para oponerse a los cambios que nos permitirían limpiar nuestra imagen y atraer nuevas inversiones. Es hora que el gobierno haga caso omiso a esos argumentos y tome las medidas necesarias para que Panamá acepte los cambios propuestos y regularice su situación con la OCDE, como hicimos ya en el caso de la GAFI.

Por supuesto que los cambios afectarán inicialmente el volumen de negocios y las utilidades de varios bancos y firmas de abogados (incluyendo la mía), pero a la larga saldremos beneficiados por razón de la mejor imagen que proyectaremos a nivel internacional, aparte que aquellos que ofrezcan un servicio de primera calidad y sepan adaptarse a los nuevos parámetros seguirán cosechando éxitos y obteniendo un nivel interesante de utilidades.

Imitemos el ejemplo de Suiza, mejoremos la calidad de nuestros servicios, y compitamos en base a productos estructurados que se adapten a la nuevas reglas del juego, a fin que nadie pueda alegar en el futuro que nuestra plataforma de servicios internacionales es aprovechada por malhechores para lavar dinero o evadir sus obligaciones fiscales en su país de origen. Es mejor hacer estos cambios a voluntad propia, que bajo presión de una banca internacional que se podría ver obligada a terminar sus relaciones de corresponsalía con los bancos locales si no actuamos a tiempo, como en efecto ha venido ocurriendo los últimos años, lo cual tendría implicaciones cada vez más funestas no solo para la banca sino para todas las demás áreas de nuestra economía.

Finalmente, es importante observar que el negocio de banca privada, que es el único que se vería parcialmente afectado por los cambios propuestos, no alcanza ni tan siquiera el 0.5% del PIB, lo cual hace aún más evidente que los temores de los que se oponen a la medida, son más fundamentados en un interés de proteger sus negocios personales que en el legítimo interés de muchos panameños en limpiar nuestra malograda imagen y ver hacia el futuro en base a elementos sostenibles que nos permitan consolidar nuestro porvenir económico sin los vaivenes diarios que producen la reticencia a tener reglas del juego transparentes y acordes con las del resto del mundo. (Los subrayados son nuestros)

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