Necesidad de un Pacto Social
Tras estallido de escándalos de corrupción que estremecen los cimientos del máximo órgano judicial de Panamá, sólo queda un camino menos traumático que la confrontación: el diseño de un Pacto Social que introduzca cambios constitucionales profundos e innovadores, a favor de la institucionalidad democrática.
La respuesta de los movimientos sociales debe ser firme y efectiva, ante la pérdida de confianza de la población en las instituciones del Estado, minadas desde adentro por poderes entregados al vicio, al latrocinio y al despilfarro de bienes públicos, lo que en otros países habría provocado un levantamiento generalizado y sostenido.
Para la mayoría de los panameños, es inaceptable que luego de ser divulgados casos de una lesión patrimonial que supera los 4.000 millones de dólares, en el gobierno de Ricardo Martinelli, haya que presenciar espectáculos despreciables en la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados venidos a menos se acusan por casos de venta de fallos, aberraciones jurídicas e injerencia presidencial.
Miasma y pudrición emanan de los órganos del Estado tocados por elementos manipuladores. La Conferencia Episcopal Panameña (CDEP, el Colegio Nacional de Abogados y gremios e profesionales han advertido el grave deterioro y descomposición generados por una pugna entre grupos económicos poderosos y la pérdida de valores de integridad que repercuten en la conducción del país.
Abochornado por hechos que desarman la institucionalidad, el cardenal José Luis Lacunza solicitó al Ministerio Público y a la Asamblea Nacional que investiguen el estallido de un escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, donde este mes el presidente Juan Carlos Varela designó a dos nuevos magistrados, sin que con ello pudiese mejorar el pronóstico de degradación.
A ello se suman denuncias del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Panamá, Erasmo Pinilla, quien acusó al fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, de “encubrir a delincuentes” a través de sus actuaciones que han paralizado procesos contra figuras acusadas de fraude, faltas y delitos en los comicios generales de mayo de 2014.
En las pasadas elecciones, unos 7.099 candidatos disputaron cargos de esa contienda, pero 5.776 de ellos (un 81 por ciento) no presentó declaración alguna, lo que los colocó en desacato. Una burla, sin duda, a los procedimientos establecidos para generar transparencia y evitar la compra de votos, el chantaje y las medidas intimidatorias que tuercen la voluntad popular en cada ejercicio del sufragio.
La disputa entre poderes fácticos que han arrancado riquezas al país, ahora se traduce en una vergonzosa expresión de revanchismo, pugnas y falta de escrúpulos. A la población le corresponde crear alternativas para rescatar al Estado del control antinacional y de los impostores políticos. Es un deber de todos, construir consensos y forjar la fuerza unitaria capaz de rechazar la política de despojo y el comportamiento sórdido que aflora en un escenario conflictivo.
