Por Miguel Antonio Bernal V.
En el escenario político de Panamá, el ejercicio directo de poder por parte de los ciudadanos resulta imposible, dado el dominio absoluto e inmenso, que tienen las cúpulas de los partidos políticos.
Lo anterior se ve agravado por un sistema, en el cual, los magistrados del Tribunal Electoral tienen, por mandato constitucional, “la competencia privativa para interpretar y reglamentar la Ley Electoral”. Efecto y causa, a la vez, de la realidad política, el sistema electoral impuesto ha distorsionado disparatadamente –cada vez más– los más caros principios democráticos de gobierno, de ciudadanía, de libertad y honradez del sufragio y de poder ciudadano.
Hoy día, los partidos políticos no “expresan el pluralismo político”, ni son tampoco “instrumentos fundamentales para la participación política”, ni tampoco su “estructura interna y el funcionamiento están fundados en principios democráticos”, como lo ordena la Constitución. Muy por el contrario, no desarrollan para nada la función de representación ciudadana, no cumplen los programas por ellos mismos establecidos y, sólo se relacionan con sus votantes para los días de campaña electoral.
Esas grandes carencias de los partidos políticos aumentan gracias al apadrinamiento y la protección que les brindan los magistrados del Tribunal Electoral, quienes desesperadamente fortalecen la partidocracia en desmedro de los derechos ciudadanos, con un modelo electoral excluyente.
El proceder de los magistrados del Tribunal electoral, está reflejado en los más de 40 decretos “reglamentarios”, los cuales decapitan todo instrumento de expresión directa de la voluntad ciudadana y conculcan principios sagrados de libertad de expresión y de participación ciudadana.
Hoy por hoy, convertidos en epígonos de Procusto, el salteador de caminos, los magistrados del Tribunal Electoral han cercenado las características que debe poseer un sistema electoral democrático: “la inclusión, la sencillez, la equidad, la proporcionalidad…”.
Ellos han forjado un camastro para perseguir, multar, inhabilitar y hasta encarcelar, aquellas aspiraciones o candidaturas de los ciudadanos que no estamos dispuestos a que ellos sigan impidiendo que los votos sean verdaderamente libres e iguales. Siembran vientos para cosechar tempestades…
