Por Marco A. Gandásegui, hijo
Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)
La crisis gubernamental panameña es difícil de resolver en la medida en que el sistema político está diseñado para que funcione una especie de “alternabilidad”. Fue creado por EEUU después de su invasión militar a Panamá en 1989. Se supone que las fracciones de la oligarquía son estancos cerrados y que deben reemplazarse cuando la oferta del gobernante se agota. El problema de Varela es que se agotó muy temprano: Apenas por la mitad del camino (2 años y medio de un total de 5).
Lo políticamente correcto en un sistema montado por la oligarquía, en un caso como éste, es que el gobierno busque reforzamiento entre los partidos políticos de la oposición. La fracción oligarca gobernante tendría que compartir los beneficios de su gestión con la fracción que se pasa de la oposición a las filas oficialistas. Todo indica que esta solución no es viable en estas circunstancias. Es todo o nada.
Desde hace 27 años, la oligarquía panameña ha gobernado alternando el poder y excluyendo a los sectores populares. Los primeros diez años (1990-1999) fueron de ajuste económico (bajo el binomio Pérez Balladares-Chapman). Después, siguieron 8 años (2000-2008) de crecimiento económico (sin desarrollo) como resultado del traspaso de la administración del Canal de Panamá y el incremento progresivo de los peajes del Canal. Los últimos 8 años (2009-2016) fueron marcados por los años de más crecimiento (ampliación del Canal) y el declive al final. El ajuste económico premió a la oligarquía –en su conjunto– y castigó severamente a los trabajadores. Estos últimos perdieron muchos empleos, vieron deprimirse sus salarios y desaparecer sus beneficios sociales.
Cada quinquenio presidencial es recordado por los enfrentamientos sangrientos entre trabajadores, empleados públicos, estudiantes, indígenas y las fuerzas del orden. La desregulación y la flexibilización, así como los tratados comerciales, han arruinado el agro y la industria. Los gobiernos oligarcas desde 1990 han pregonado la falsedad de que Panamá es un país de servicios y no debe invertir en el desarrollo económico del país. Con el discurso de la posición geográfica y “pro mundo beneficio”, la oligarquía cooptó a las capas medias del país y desorganizó a sectores importantes de los trabajadores.
En el período mencionado, la oligarquía panameña ha contado siempre con la permanente intervención de EEUU en los asuntos de gobernabilidad, así como en la política económica (neoliberal) del país. En 2009, intervino para resolver un pleito entre dos fracciones oligárquicas. En esta coyuntura, la estructura gubernamental está tan debilitada que una intervención es muy tarde. ¿Qué puede hacer el neurocirujano-jefe (la Embajada de EEUU)? Las Fuerzas del Orden, también corruptas –parte de la estructura gubernamental– cuentan con dos destacamentos (Policía Nacional y Servicio Nacional de Fronteras) que pueden dar una sorpresa siguiendo órdenes del neurocirujano-jefe.
En la crisis actual, hay sectores de las capas medias (denominadas sociedad civil), con niveles de consumo más altos que los trabajadores, que demandan un alto a la corrupción y un cambio de la “vieja guardia” política. Ideológicamente, están atrapados porque no pueden luchar por un retorno al pasado (militar) ni a los discursos liberales y conservadores (agotados por la corrupción). Tampoco pueden levantar un discurso hacia el futuro que ideológicamente no pueden formular. Las capas medias son prisioneras de las promesas de la oligarquía. Agotadas éstas, la sociedad civil sucumbe ante sus propias limitaciones.
La promesa de los trabajadores también ha sido golpeada fuertemente. Hay sectores que añoran el retorno al “torrijismo” u otras formas de populismo. Como todo sueño basado en el pasado es inútil, las propuestas se agotan rápidamente. Los trabajadores y sectores populares que levantan banderas “progresistas” también se ven en una jaula con paredes muy angostas. Debido a la incesante propaganda –por más de un cuarto de siglo– contra cualquier proyecto que implique la construcción de un futuro que garantice bienestar social para los trabajadores, no se han podido levantar consignas que entusiasmen a la juventud.
A pesar de ello, Panamá cuenta con FRENADESO/FAD y el MIREN, que son dos organizaciones político sindicales con fuerte presencia, también en sectores de las capas medias. La oligarquía panameña está consciente de esta realidad y prefiere entenderse internamente antes de cederle espacio a los sectores populares. La crisis de la oligarquía no puede resolverse con parches. Tiene que cambiar totalmente las reglas que se impuso en el período 1990-2015 o colapsa. Las alternativas no son muy claras en este momento.
