La firma de los Tratados Torrijos-Carter y el estudiante campesino

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General Omar Torrijos, hablando de cara al pueblo.

Por Héctor Chávez

Hace 40 años, un 7 de septiembre de 1977, yo era estudiante de 4to año de nivel secundario. Representaba al movimiento estudiantil de mi alma mater, el Instituto David, en la provincia de Chiriquí, organizado por la gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá. Enarbolé la bandera tricolor, a favor de la recuperación de la franja canalera conculcada por Estados Unidos durante casi un siglo.

Ese día, fue reivindicado el legado generacional nacionalista del pueblo panameño y se puso fecha al rescate de la Soberanía Nacional, a través del proceso que encabezó el general Torrijos. En ello, tuvo gran impacto la solidaridad de la Unión Internacional de Estudiantes (UIE), con sede en Praga, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), con sede en La Habana, Cuba, y el Consejo Estudiantil Secundario y Universitario de Centroamérica (CESUCA).

Desde el momento, la imagen presentada por los diferentes medios de comunicación (televisión e impresos), puso a Panamá en el centro de la atención mundial. Con la firma de los Tratados Torrijos-Carter, se registró el más digno ejemplo de la nacionalidad panameña, para derogar el instrumento que ningún panameño firmó (el Tratado Hay-Bunau Varilla, de 1903). En ese momento, tomé la decisión de formarme como un estudioso de las Relaciones Internacionales y analista de la Política Internacional. Asumí plena conciencia de la encomiable labor y laboriosa estrategia desarrollada Omar Torrijos, un genuino patriota y general de los pobres.

Uno de los momentos extraordinarios que viví como adolecente, fue la firma de los Tratados canaleros y la reversión de las primeras instalaciones y porciones de terreno en la antigua Zona del Canal. Acompañé a las masas de estudiantes, obreros y campesinos que esperaban a Torrijos en el sector de Albrook, para celebrar con alegría, pero el general no asistió al evento. El jefe militar envió un claro mensaje: “yo no quiero entrar en la historia, yo quiero entrar al Canal”. Idea y efecto contrario, por cierto, ya que definitivamente no sólo ingresó al territorio ocupado por fuerzas extranjeras, sino a la historia de América Latina y del mudo.

Al verse obligado por las circunstancias a suscribir los convenios de neutralidad del Canal con Estados Unidos, señaló que pese a los avances obtenidos, los textos negociados nos colocaban “bajo el paraguas del Pentágono”. En ese sentido, es tarea ineludible de las presentes y futuras generaciones, la búsqueda del consenso nacional hacia la realización de estrategias políticas y diplomáticas, encaminadas a la revisión del Tratado en vigencia.

Ciertamente, en los Tratados Torrijos-Carter se emplea la expresión neutralidad permanente. Esa terminología no es lo suficientemente clara, o permite interpretaciones con la situación jurídica que aparece en el Tratado de Neutralidad permanente del Canal de Panamá. La neutralidad permanente no cumple el requisito previsto en el Derecho Internacional.

Panamá declara unilateralmente esa neutralidad y son los Estados Unidos los únicos garantes de ello, lo cual induce a considerar que la neutralidad permanente ha sido y seguirá siendo desvirtuada. Además, ha sido suscrito un tratado desigual de alianza militar entre una súper potencia y un país como Panamá, que carece de ejército.

Por otra parte, se intentó subsanar a posterioridad esa omisión, al acordar, según el Artículo 7 de dicho convenio de “neutralidad permanente”, en el que se menciona: “Panamá y los Estados Unidos de América, copatrocinarán en la Organización de los Estados Americanos (OEA) una resolución que abra a la adhesión de todos los Estados del mundo”, a través del cual los firmantes convengan en respetar la neutralidad permanente del Canal y su funcionamiento a partir del año 2000. Esa tarea es aún inconclusa.

En realidad, no se detalla cuáles son las bases para intervenir, pero lo cierto es que Washington decidió dictar una ley de interpretación de los Tratados de forma unilateral, que lleva por nombre Ley 96-70 o Ley Murphy, que sigue vigente y contiene una interpretación basada en intereses exclusivos de los Estados Unidos. Esa legislación es señalada por diversos sectores expertos en Relaciones Internacionales como un texto violatorio del espíritu y letra de los Tratados del Canal, negociados y firmados por ambos países.

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