La defensa de la institucionalidad

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La defensa de la institucionalidad

La carrera por el poder trae aparejada los vicios del sistema. En el ámbito político panameño, son notorios los vicios de la impunidad, los escándalos de corrupción sin castigo y la creciente pérdida de institucionalidad, agravada con la falta de liderazgos y metas.

Panamá está pagando caro la violación rampante de los principios rectores del Estado nacional. La administración anterior utilizó sin reservas recursos públicos para enriquecer a un grupo depredador y soberbio, que ha eludido las sanciones de la Justicia.

Las grietas en el modelo vigente permitieron el flujo de más de 4.000 millones de dólares de fondos públicos a manos privadas, y hasta ahora han escasos los intentos dirigidos a recuperar ese inmenso botín, que revela una política de expolio permanente.

La coima, el narcotráfico, el latrocinio, el crimen, la violación de los derechos humanos y los escándalos que sacuden a la Asamblea Nacional, el Órgano Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia son expresiones del desmoronamiento de la institucionalidad.

Para abordar con seriedad ese problema, habría que construir un país nuevo, apelar a la equidad, proponer consensos y declarar un fuerte combate a la corrupción. En esa dirección, hay que apuntar hacia los cambios constitucionales impostergables.

Enderezar al país implica garantizar la equidad y frenar los abusos generados desde el poder, evitar el despilfarro y reactivar la capacidad del Estado para resguardar los bienes públicos y cortar de raíz la transferencia ilegal de ese patrimonio a grupos privados.

La voluntad popular no debe ser burlada con el atropello que significa la desnacionalización de la economía. Hay que impedir que el Estado se convierta en un nuevo botín y en ello el movimiento popular tendrá que asumir una participación activa.

La institucionalidad es una fortaleza en cualquier Estado y los panameños no podemos renunciar a ejercer el derecho a la seguridad, a la vida y la protección de la herencia canalera. Es un mandato de los mártires de la gesta del 9 de Enero, y es imposible hacer concesiones de principios en esa lucha.

El camino de los sectores políticos más consecuentes empieza a ser definido con mayor claridad, sin lugar a dudas.

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