Por Gerardo Berroa Loo
El consumo eléctrico crece a la razón de cien megas por año y por lógica, es probable que esto sea mucho mayor para el año 25 ó 30 de este siglo. Es, en sí, un gran negocio. Hoy y mañana lo será más.
Cuando se privatizó el IRHE, el Estado quedó rigiendo el sistema eléctrico desde el Ente Regulador de los Servicios Púbicos y otras instituciones como ETESA y EGESA, pero desde el gobierno de Moscoso se empezó una trama para dar ventaja a los empresarios de este lucrativo negocio.
Se desmanteló el entonces Ente Regulador y se colocó a funcionarios afines. Del Ente pasó a la ASEP y hoy vemos cómo la política “va orientada a disminuir hasta la extinción, la presencia del Estado en el mercado eléctrico, y de paso, favorecer y consolidar la posición que en el mercado tiene uno de los agentes económicos”, como bien lo señala un experto en el sector.
Todo hace pensar con certeza que los apagones que sufrimos el año pasado fueron producto de una decisión, con el ánimo de justificar acciones y esto se ve en la reforma de la Ley 6 que se encuentra en la Asamblea Nacional, que como señala el experto, “se crean una serie de agentes y actividades, que van dirigidas estratégicamente a disminuir, incluso, hasta el valor real de la inversión que tiene el Estado en el mercado eléctrico, lo cual se logra permitiendo actividades paralelas a las que desarrollan las empresas en las que el Estado tiene inversión, con las cuales se afecta indefectiblemente el valor de dichas inversiones y trasladando éstas al sector privado”.
La electricidad es un servicio público y, como tal, el Estado no debe permitir ni monopolios ni abuso hacia los consumidores.
