Por Eduardo Rodríguez-Baz
Madrid (PL) – Los errores en política, como en casi todas las facetas de la vida, suelen pagarse caros: la incapacidad ‒o falta de voluntad‒ de España para resolver el conflicto territorial en Cataluña enquistó la peor crisis institucional del país.
Para muchos analistas, la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de apostarlo todo a los tribunales para solucionar un problema que podía zanjarse mediante el diálogo, complicó hasta sus propios deseos de acabar pronto con un tema que puso en aprietos a su administración.
Cinco meses después de ser intervenida por su ejecutivo, Cataluña no solo no recuperó la normalidad que pretendía Rajoy, sino que sigue sumida en la incertidumbre generada por el desafío secesionista de sus antiguas autoridades, muchas de ellas hoy en prisión o en el exilio.
Amparado precisamente en un polémico artículo de la Constitución española, el 155, nunca antes utilizado en 40 años de democracia, el gobernante asumió el 27 de octubre de 2017 el control de las instituciones de la rica comunidad autónoma nororiental.
Tras la inédita intervención, destituyó al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, y a todo su gabinete, disolvió el parlamento regional y convocó a elecciones anticipadas, que tuvieron lugar el pasado 21 de diciembre y fueron ganadas por las fuerzas separatistas.
Los comicios, por consiguiente, no sirvieron para apaciguar las reivindicaciones de sus antiguas autoridades, que el 1 de octubre celebraron un referendo de autodeterminación prohibido de antemano por el Tribunal Constitucional a instancias del ejecutivo de Rajoy.
Luego del triunfo del sí en aquella consulta, que trascendió al mundo por las cargas policiales contra votantes inermes, la cámara autonómica proclamó la República catalana, resolución cuyo alcance no podía ir más allá de lo simbólico, al ser desconocida por Madrid.
Pese a los múltiples llamados de Puigdemont a encontrar una salida consensuada, el Palacio de La Moncloa (sede del gobierno español) desdeñó de manera frontal el diálogo y optó por la judicialización del diferendo independentista.
A partir de entonces, muchas cosas sucedieron, pero ninguna destinada a desbloquear la compleja situación y encontrar una salida en el horizonte.
Por el contrario, el efecto de dejar en manos de los juzgados el arreglo de la controversia provocó su enquistamiento, al ser procesados 25 representantes del independentismo por los presuntos delitos de rebelión, malversación de fondos y desobediencia.
Derechos políticos de diputados separatistas
El parlamento de Cataluña defendió el 28 de marzo el derecho de Puigdemont a ser elegido nuevamente presidente regional y exigió la excarcelación de los políticos presos por impulsar la independencia unilateral de la región de 7,5 millones de habitantes.
Gracias a la mayoría absoluta de los tres partidos favorables a la ruptura con España ‒revalidada en las elecciones de diciembre‒, la asamblea legislativa aprobó entonces dos resoluciones simbólicas con ambas demandas.
Promovida por Junts per Catalunya (JxCat, coalición conservadora del depuesto mandatario), Esquerra Republicana (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), la iniciativa no modificará la parálisis política.
JxCat, ERC y la CUP plantearon su propuesta ante el arresto, tres días antes, de Puigdemont en Alemania, en virtud de una orden europea de búsqueda y entrega cursada por el Tribunal Supremo español, que investiga el proceso secesionista.
En concreto, las agrupaciones soberanistas reivindicaron los derechos políticos del cesado gobernante, de Jordi Sánchez y de Jordi Turull ‒diputados electos en los comicios de diciembre‒ a ser nombrados al frente de la Generalitat (autogobierno catalán).
Con estas resoluciones, el independentismo busca poner de manifiesto que los tres candidatos siguen siendo elegibles pese a las trabas judiciales.
La cámara autonómica presentó sin éxito las postulaciones de Puigdemont, a quien no se le permitió ser investido a distancia desde su exilio en Bélgica, y de los encarcelados Sánchez y Turull, a los que la justicia les denegó el permiso para asistir al pleno de investidura.
Cargos desproporcionados contra secesionistas
El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó, consideró excesiva la prisión preventiva aplicada por la justicia española contra varios políticos secesionistas por impulsar la independencia unilateral de la región.
En una intervención ante el parlamento catalán el mismo 28 de marzo, el síndico opinó que, en la defensa de sus convicciones, los dirigentes soberanistas jamás contribuyeron a la violencia, en obvia alusión al delito de rebelión que se les imputa.
“Estamos bajo lo que se denomina una operación intimidatoria para crear una especie de relato que se escapa por completo de un pueblo que no ha dado ni un solo bofetón”, subrayó Ribó, en una velada crítica a la actuación del Tribunal Supremo.
Según su criterio, el envío a la cárcel de representantes políticos y civiles del independentismo debió ser el último recurso, pues los encausados ‒insistió‒ “no dieron una sola bofetada para defender sus ideales”.
Sostuvo que los ilícitos cometidos por Puigdemont para llevar a cabo su plan de ruptura, de los cuales, recordó, también alertó en su momento, bajo ningún concepto debieron ser confrontados con desproporción penal ni con prisión.
El defensor del pueblo catalán criticó la falta de diálogo del gobierno conservador de Rajoy para resolver la peor crisis institucional de la nación ibérica en cuatro décadas de democracia.
Recriminó a las partes implicadas en el diferendo que aún no se sentarán a conversar y reprochó al Estado que no quiera hablar con los independentistas cuando lo hizo incluso con “quienes asesinaban”, en referencia al grupo armado vasco ETA.
Resulta incomprensible que se esté dejando todo el problema en manos de los tribunales, lamentó.
“Todos los gobiernos españoles dialogaron con gente que llevaba armas en la mano, que ponía bombas y asesinaba. ¿Se podía dialogar sobre eso y no se puede dialogar ahora?”, se preguntó.
El Síndic de Greuges acudió a la cámara para presentar un informe sobre lo ocurrido durante el referéndum del 1 de octubre, cuando aseguró haber quedado ‘desmayado’ ante la violencia de los cuerpos policiales.
Denunció que las personas contra quienes se dirigió la represión de las fuerzas de seguridad tenían como “única arma una papeleta”.
Además, deploró la desmesurada aplicación del artículo 155 de la Constitución, a través del cual La Moncloa intervino a Cataluña para frenar los anhelos secesionistas de sus autoridades.
En su opinión, la activación de ese polémico precepto constitucional no debió contemplar ni la destitución de la administración de Puigdemont ni la disolución del parlamento catalán. “El diálogo es necesario, no hay otra salida, ni la unilateral ni la penal”, sentenció Ribó.
