Crisis en un país que vive del agua

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Moradores marchan a las oficinas del IDAAN en Volcán, para rechazar la instalación de medidores en una población que no recibe el servicio de agua potable.

Crisis en un país que vive del agua

Por Cecilio E. Simon E.

Mientras el “¨Plan 100% Agua” deje de ser una consigna de campaña oficialista, los residentes de las comunidades de Volcán y Caisán, en Tierras Altas de la provincia de Chiriquí, seguirán pidiendo agua por señas, en un país en el que se privilegia la explotación hídrica en 111 concesiones hidroeléctricas, de las cuales 73 de ellas están en cuencas hidrográficas en tierras chiricanas.

Laura Pedreschi Janson, vocera del movimiento de residentes de Volcán y Caisán manifestó a Bayano digital, que ese tipo de explotaciones arbitrarias conspiran contra el complejo hídrico y el derecho al agua de la población. “Las concesiones matan ríos, porque sólo le dejan un caudal del 10 por ciento”, remarcó.

La activista sostuvo que la comunidad de Volcán está muy afectada por las concesiones hídricas a grupos privados sin compromiso ecológico alguno, debido a que con un caudal reducido del 10 por ciento en un tramo de 54 kilómetros, el río Chiriquí Viejo estará condenado. Frente a ese panorama, la población organizada ha decidido oponerse a la depredación y salvar al afluente.

Por su parte, Pedro Madrid, vicepresidente de la Cámara de Comercio en esa rica región del país, dijo conmocionado, que el agua de consumo humano en Tierras Altas no recibe tratamiento previo alguno, y que la población presenta elevados índices de infestación por amebiasis y otras afecciones intestinales, lo que debe concitar una acción efectiva de Salud y Saneamiento del Estado.

Hasta el momento, no hay planes para el establecimiento de una planta potabilizadora en esas áreas. Como paliativo, el estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN) distribuye agua en dos camiones cisterna que realizan hasta cuatro viajes diarios a un costo de 550 dólares por viaje, lo que equivale a 528.000 dólares al mes, o seis millones de dólares al año.

Movilización en Tierras Altas, por el derecho a la vida.
Movilización en Tierras Altas, por el derecho a la vida.

La crisis de agua afecta a más de 7.000 personas en esa productiva zona lechera y provocó la protesta de los pobladores. Pedreschi aduce que las hidroeléctricas ponen el riesgo el acceso al agua, afecta la producción y la seguridad alimentaria del país, y exigió al Ministerio de Ambiente que se pronuncie en forma vigorosa, en defensa de las áreas perjudicadas.

La comunidad organizada ha denunciado que las concesiones hídricas en Chiriquí fueron concretadas a través de arreglos de recámaras y estudios de impacto ambiental amañados, en abierta violación al artículo 16 de la Ley 35 del 22 de septiembre de 1966, que reconoce la prioridad de uso del agua de la Nación.

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