Congreso universitario panameño demanda fortalezas

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Universidad de Panamá en vías de importantes reformas.

Por José de la rosa Castillo
Docente universitario

Bajo el lema “Actualizando la Ley, Transformamos la Universidad”, 290 delegados, entre ellos administrativos, docentes y estudiantes de la primera casa de estudios superiores del país, se reunirán en el Paraninfo Universitario, los días 8, 9 y 10 de marzo, para la discusión y modificación de la Ley Nº 24 del 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá.

De no ser por la expectación creada en la sociedad, con el triunfo del actual rector, Dr. Eduardo Flores Castro, tras 20 años de administración de Gustavo García de Paredes, ese proyecto renovador hubiese recibido un trámite de rutina que sólo requiere la aprobación del Consejo General Universitario, para luego ser remitido a la Asamblea Nacional de Diputados para su aprobación.

En la reunión Nº 28 -16 del Consejo Académico, celebrada el 7 de diciembre de 2016, fue aceptada la representación de los miembros del Congreso Universitario, integrado básicamente por principales y suplentes de los distintos Consejos, que son instancias de aprobación de las decisiones administrativas, académicas y de investigación de la institución y dos representantes de cada uno de los gremios docentes y administrativos. La decisión adoptada recibió críticas, ya que el Congreso excluye a algunas fuerzas de la Universidad de Panamá, como el Movimiento Académico Universitario 2025 (que avalaba la gestión del pasado rector), el Movimiento de Renovación Universitaria (creado por el Rector Flores) y grupos estudiantiles universitarios que no aparentan ser tomados en cuenta, lo que sugiere la posibilidad de un Congreso “excluyente”.

El Congreso debe representar el punto de inflexión hacia la búsqueda de una mejor conectividad de la Universidad Pública más importante del país de cara al desarrollo nacional. Ello significa volver a ser la conciencia crítica de la nación, dimensionar las funciones principales de la Universidad, como la investigación, la docencia, la extensión, la producción y los servicios, tomando en cuenta un mejor presupuesto, que permita promover la aplicación de nuevos modelos de desarrollo económico–sociales que contribuyan a establecer una sociedad más justa.

Para obtener resultados válidos, el Congreso deberá evaluar el actual estado de la institución en materia de recursos, con el objetivo de acometer este propósito y destinar recursos económicos adicionales que sean enfocados específicamente en la investigación. La propuesta concreta consiste en añadir un Parágrafo al Artículo 56 de la Ley, en el que se sugiere que: “El Estado aportará una partida adicional equivalente al diez por ciento (10%) del Presupuesto de Funcionamiento anual asignado, dedicado específicamente a la investigación, al equipamiento y al mantenimiento de los laboratorios, monto que deberá ser invertido exclusivamente en este renglón y fiscalizado su uso por el Consejo Administrativo”.

Hoy, se sabe lo precario del presupuesto universitario y que en las prioridades de los últimos gobiernos no ha estado la educación superior del sector público. En ese contexto, la idea de proponer al Órgano Legislativo, el uso del 10% del presupuesto propio de funcionamiento para la investigación, no tendría sentido llevarla a nivel de una modificación de la ley, toda vez que a la Universidad le corresponde la elaboración, administración y ejecución de su presupuesto, por lo que bastaría que se cree el renglón específico para que el monto del presupuesto sea invertido a la investigación.

Es cierto que la función social de las universidades está cambiando. Han pasado de ser depositarías del conocimiento y la cultura, a formadoras de cuadros profesionales. De ahí, que algunas se convirtieran en universidades de investigación, acumulando no sólo grandes capitales de conocimiento, sino capacidades de investigación: en la formación de infraestructura, en las condiciones institucionales y en la madurez de sus grupos de investigación.

El conocimiento de cómo se desarrolla la función de investigación en universidades públicas es exiguo y las decisiones institucionales en este ámbito ocurren en el vacío. Es necesario que la Universidad de Panamá elabore una agenda tentativa en procura de conocimiento capaz de fundamentar decisiones encaminadas a convencer al Estado panameño y a la sociedad de la pertinencia de apoyar con recursos la investigación y el desarrollo. Esos recursos deberían provenir de un porcentaje fijo del Presupuesto General del Estado, o porcentaje fijo de contribuciones del Canal de Panamá, o la descentralización municipal, para gestionar, negociar y presentar proyectos de investigación y potenciar las capacidades regionales universitarias.

El documento que surja de ese Congreso, pasará por la aprobación en Consejo General Universitario (CGU). Después, será sometido a plebiscito y, finalmente, será presentado a la Asamblea Nacional. Por esa razón, se requiere el consenso y participación de las fuerzas vivas. Las exclusiones pudiesen dar al traste con nobles propósitos de la Administración del rector Flores Castro, ya que se sabe cómo entran los proyectos de ley a la Asamblea, pero no cómo salen, sino se cuenta con la solidez y respaldo de los estamentos universitarios.

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