Cazarrecompensas “cazarán” a depredadores ambientales en Panamá

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El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, declara la guerra a los asesinos de águilas y jaguares, y traficantes de especies. (Foto: Ministerio de Ambiente).

Por David Carrasco

Panamá recurrirá a cazarrecompensas para denunciar, atrapar y llevar a los tribunales a los asesinos de águilas, jaguares y otras especies emblemáticas, confirmó el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, en una declaración para proteger el patrimonio natural panameño, amenazado por autores de crímenes ecológicos.

“Asimismo como la Policía Nacional anuncia recompensas por quien dé con el paradero de personas que cometen algún tipo de delitos, también el Ministerio de Ambiente podrá anunciar recompensas a quienes denuncien el asesinato de especies simbólicas, como el águila harpía”, aseguró el ministro.

En una conferencia de prensa en la que informó sobre los avances y metas de la gestión ambiental del Estado, Sempris se refirió al sistema de cazarrecompensas para atrapar a fugitivos. El modelo fue implantado en el siglo XIX en el Oeste de Estados Unidos, para capturar a cuatreros, pistoleros y peligrosos fugitivos, y disuadió a los bandoleros de cometer fechorías en tierras indómitas.

El ministro pretende enderezar entuertos, como los vacíos legales que impiden sancionar en forma ejemplar a los responsables de delitos cometidos contra jaguares y águilas harpías. Ahora, los cazadores furtivos serán perseguidos, a cambio de recompensas, para ser procesados por abominables crímenes ecológicos que solían quedar impunes por la laxitud judicial o la falta de pruebas. El monto de la recompensa está aún bajo estudio técnico.

Corredor Biológico en la encrucijada

Tras asumir el cargo de ministro, Sempris descubrió con asombro que el Corredor Biológico Mesoamericano no existía, debido a la falta de una ley sobre su creación oficial en Panamá, lo que dejaba a este país en ridículo en foros científicos internacionales. Su primera instrucción fue resolver esa carencia en la esfera jurídica. La medida tiene importancia para ese país, donde el 40 por ciento del territorio nacional ha sido declarado área protegida.

El jaguar está en peligro, tras rondar desde hace tres millones de años en territorio panameño.

El Corredor Biológico Mesoamericano fue establecido en 1997 por los gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México, con el objetivo de mantener la diversidad biológica, disminuir la fragmentación y mejorar la conectividad del paisaje y los ecosistemas, y promover los procesos productivos sustentables en las comunidades.

Sin embargo, la iniciativa ambiental se ha enfrentado a la codicia de empresas madereras, mineras, traficantes de especies, mafias y gente sin escrúpulos que arrebata hectáreas a territorios selváticos y manglares para desarrollar proyectos inmobiliarios sin exhaustivos Estudios de Impacto Ambiental (EIA), lo que suele derivar en catástrofes y severos daños al ecosistema tropical vulnerado.

Pese a ello, Sempris adujo que ha sido elevado a tema de Estado la seguridad hídrica a través del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050: #AguaparaTodos, el ecoturismo en áreas protegidas apoyado en la Iniciativa de Turismo Verde y la reforestación a través de la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas.

Falta de recursos y búsqueda de fondos

Desde hace años, Panamá dejó de ser un país de renta media alta, por lo que no es considerado en forma prioritaria para recibir donaciones internacionales en temas ambientales. El Ministerio de Ambiente apela a la restructuración del Fideicomiso Ecológico de Panamá y reglamentación de fondos para resolver esa situación.

Las acciones oficiales en ese sentido apuntan a la reactivación de planes y proyectos que habían sido creados en décadas pasadas pero que nunca fueron concretados, como el Fondo Forestal de 1994, el Fondo Nacional de Vida Silvestre, de 1995, y el Fondo Coiba, de 2004. De hecho, el ministro negó que haya aprobado concesiones privadas para la explotación de Coiba, en el Pacífico panameño.

Asimismo, Sempris mencionó que en las consultas públicas sobre cambio climático, biodiversidad, evaluación de impacto ambiental y humedales está en la fase final, y se prevé que sean adoptados en el primer semestre del 2018. La estrategia incluye la apertura de las áreas protegidas al turismo responsable, en vez de dejarlas aisladas y expuestas a los que atentan contra el patrimonio nacional.

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