APADEC denuncia catástrofe judicial

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Representación de la Justicia en Suiza: una mujer pura aplastando a la serpiente. La imagen difiere de la mujer con los ojos vendados en Panamá. (Foto Bayano).

La Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC) ha emitido un comunicado sobre la catástrofe que envuelve al sistema judicial panameño y los efectos sobre la vida de los ciudadanos. Debido a su importancia ante el urgente examen de acontecimientos recientes que revelan la degradación de los Órganos del Estado, Bayano digital reproduce en forma íntegra el documento elaborado por una comisión de juristas.

La Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC), como una institución de carácter académico y estudiosa de los fenómenos constitucionales que se desarrollan en nuestro país, tornándose de carácter político, desvirtuando así los mandatos de nuestra Constitución y los preceptos legales, ha visto con gran preocupación que por segunda ocasión, se presenta en la televisión panameña la señora Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell (25 de octubre de 2017), para manifestar su descontento con una Resolución Judicial, esta vez, emitida por el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal del Primer Distrito de Panamá.

La señora Procuradora está adoptando la costumbre de acudir a los medios de comunicación para ventilar los procesos que investiga y que son competencia del sistema judicial, del cual es parte el Ministerio Público, y así crear un ambiente de enojo y frustración en el ciudadano panameño que espera ver en su gestión como Procuradora, resultados satisfactorios, como se están dando en otros países, los casos de corrupción que se han investigado y juzgado contra la empresa Odebrecht.

La Constitución de la República de Panamá en su Título VII, Capítulo 1 y 2 expresa cuáles son las funciones del Órgano Judicial y del Ministerio Público, y en su Artículo 222 dicta las funciones especiales y específicas del Procurador General de la Nación. El numeral dos del mencionado artículo señala:

“Velar por que los demás Agentes del Ministerio Público desempeñen fielmente su cargo, y que se les exija responsabilidad por falta o delitos que cometan”. Es la Carta Magna quien responsabiliza al Procurador General de la Nación a ser vigilante por el desempeño de sus Fiscales y, nos preguntamos; está la señora

Procuradora cumpliendo con ello, o está trasladando su responsabilidad a otro ente jurisdiccional.

Esta Asociación recomienda a las autoridades encargadas de velar por la buena administración de justicia, orden público y paz social, que cumplan a cabalidad el mandato constitucional que les obliga a perseguir el delito y castigarlo conforme a las leyes de la República, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, los Tratados y Convenios que tratan de salvaguardar el debido proceso, las garantías fundamentales y los derechos humanos.

Los discursos emotivos televisivos no están contemplados en la Constitución de la República ni para dirimir conflictos ni para denunciar cualquier obstáculo real, imaginario o ilegal que atente contra el administrar justicia.

No es al pueblo panameño al que se debe apelar si un fallo judicial es adverso ni pretender que ante un caso de corrupción tan escandaloso, se dé lugar a todo tipo de conclusiones que lleven al panameño a pensar que vivimos en un país donde una empresa es capaz de lograr una gran confusión legal en sus instituciones; haya comprado su impunidad o lo que es peor, el país.

El pueblo panameño les agradecerá a los funcionarios de mando y jurisdicción, que acudan a los medios de comunicación cuando renuncien al cargo, ya sea por la incapacidad de desempeñarlo o porque no se puede trabajar por obstáculos y se le demuestre señalando directamente a los responsables y haciendo las denuncias donde corresponde. No se acude al ciudadano para entretenerle o convencerle con especulaciones y señalamientos sin sustento ni verdades a medias. El pueblo panameño vive actualmente una gran frustración porque no sabe a quién debe creerle cada mentira que se le dice y estos montajes de televisión no favorecen al clima de desasosiego que actualmente se vive.

Por otra parte, preocupa a la APADEC escuchar al Presidente de la República, jefe máximo del Órgano Ejecutivo, y a Diputados de la República que representan al Órgano Legislativo, dos órganos totalmente políticos, apoyando con sus declaraciones a quien más les agrada, con argumentos emotivos y no jurídicos, en lo que ha pasado a ser los procesos penales por corrupción más escandalosos, que hasta ahora conoce la República de Panamá, y que sobrepasan el trauma que históricamente había causado Bunau-Varilla.

Por la paz social, como autoridades, como panameños comprometidos con el bienestar social y económico del país, se deben resolver las diferencias personales que no se hayan resuelto, las debilidades institucionales que existan, para que los procesos por corrupción que comprenden miles de millones de balboas burlados al pueblo panameño, no queden en la impunidad.

Cada actor en estos procesos conoce perfectamente su función y los límites a ella, jugar a quién es culpable o no entre ellos de manera pública como lo han hecho, es vaticinar la caída de dichos procesos y un triunfo a la impunidad. Reiteramos a que cada uno desempeñe con profesionalismo y moralidad el rol que le corresponde, admitan sus falencias con honestidad y no sigan creando incertidumbre en el pueblo panameño.

Al pueblo panameño, le invitamos a que acuda este martes 31 de octubre desde las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), a protestar pacíficamente en la calle 50 de la ciudad capital y en el interior de la República, para que haga sentir su voz contra la impunidad y la corrupción por el bien del Panamá de hoy y el de mañana, libre de estos flagelos.

Dado en la ciudad de Panamá a los 30 días del mes de octubre de 2017.

Licenciado Marco Austin
Presidente de la APADEC

Licenciada Cristela Urriola de Arosemena
Secretaria Ejecutiva.

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